Se embarga aunque la casa sea de una menor de edad

En una causa laboral, aunque media una denuncia de transferencia fraudulenta de un inmueble por parte de los padres de la niña, el tribunal consideró que ésta tiene representantes legales del Estado para que la asistan y que podrá defenderse ante una futura demanda, en la que se perseguirá que se le revoque el dominio del bien

Al considerar los argumentos dados por la actora para embargar un inmueble anotado registralmente a nombre de un menor, hija de los demandados y con fundamento en que se le transfirió de manera simulada , la Sala 1ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba revocó la resolución del a quo y ordenó el embargo peticionado .

El accionante fundamentó su pretensión en que el juez -para desestimar la cautelar- sólo ha tenido en cuenta la edad de la persona que detenta la titularidad del inmueble y no la forma viciosa en que lo adquirió, pues los empleadores de la accionante se insolventaron con fraude, poniendo sus bienes a nombre de la menor, para no pagar las indemnizaciones, sueldos y otros créditos laborales.

La trabajadora invocó que el artículo 10 del Código Civil y Comercial (CCyC) dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, estableciendo que “el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”, añadiendo que en el caso hubo un quebrantamiento del orden público laboral por medio de convenciones particulares, prohibidas por la ley.

Obligaciones

La demandante añadió que, si no se persigue el fraude, la empleadora dejará de cumplir aviesamente sus obligaciones contractuales con su empleada, lo que será objeto de la demanda, como se señaló en la solicitud de embargo, citando además la tutela del trabajo en todas sus formas, según del artículo 14 bis de la Constitución nacional (CN).

A su turno, el tribunal integrado por los vocales Enrique Rolón, Víctor Hugo Bute y Ricardo Giletta, al analizar la apelación, sostuvo que de la lectura de la demanda de embargo preventivo y el posterior embate contra lo decidido por el a quo, surge que la pretensión de la embargante es gravar un inmueble que -sostiene la parte actora- habría sido transferido fraudulentamente por quienes denuncia como empleadores, a su hija menor de edad, M. T. N., con la finalidad de eludir sus responsabilidades.

La sala relató que la parte actora denunció que oportunamente promoverá demanda en contra de sus empleadores y de la hija de ambos, incluyendo dentro del reclamo la acción pauliana o revocatoria, evitando así que la enajenación efectuada altere la cobrabilidad de su crédito, y que los fundamentos dados por el juez de la instancia previa para denegar la petición de embargo, relativas a la minoría de edad de la potencial embargada, carecen de fundamento.

Aptitud

Al respecto, los vocales sostuvieron que como lo señala la apelante, las normas que invoca están aludidas a la aptitud para ser parte en el contrato de trabajo y no del proceso, al que los menores de edad acuden por medio de sus representantes legales y con la asistencia del Ministerio Público, sin perjuicio de casos especiales que ameritan la participación del Abogado del Niño. De hecho, se remarcó que es reiterada su participación en estos términos en reclamos de indemnizaciones por fallecimiento con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y Ley de Riesgos del Trabajo (LRT - 24557), así como ante el deceso de una de las partes del proceso, que continúa por medio de sus herederos, sean éstos mayores o menores de edad.

El fallo observó que la particularidad del caso en debate es que la parte actora relata que la demanda que habrá de promover, incluirá en su tenor el planteo revocatorio de la transferencia del inmueble que se pretende embargar, a nombre de la hija de sus supuestos empleadores, ejercitando así una acción revocatoria o pauliana, inserta en la demanda por rubros laborales.

Visos opinables

Bajo esas premisas, el tribunal consideró que, aunque la materia puede presentar visos opinables en torno a la competencia para entender en esa acción (revocatoria o pauliana), el a quo no la ha controvertido y será, en definitiva, en la causa principal donde habrá de dirimirse eventualmente el asunto, “no correspondiendo a esta instancia anticipar una postura sobre la que, por conexidad, habrá de pronunciarse eventualmente a futuro, con el debido contradictorio e intervención del Ministerio Público y del Ministerio Fiscal”.

En definitiva, con base en tales conclusiones, en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar a la queja, declarar mal denegada la apelación y hacer lugar al recurso deducido, revocando la decisión del a quo y ordenando la traba del embargo peticionado.