ESCUCHAREl aeropuerto internacional de Kabul, en Afganistán, recuperó parte de su actividad normal con la reanudación de los vuelos comerciales, sin embargo la noticia todavía no genera tranquilidad. Aún se espera que el gobierno de “transición” de los talibanes anuncie su formación definitiva, mientras se mantiene la desconfianza global ante las promesas de la milicia de respetar los derechos de minorías y de mujeres.
Un avión de la compañía paquistaní PIA se convirtió en el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar desde el aeropuerto Hamid Karzai, de Kabul, desde la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto.
La terminal aérea había quedado casi inoperativa desde que las fuerzas estadounidenses terminaron su retirada el 30 de agosto, en medio de una frenética operación de evacuación que permitió sacar a más de 120.000 personas del país.
Durante esos días, un atentado, el 26 de agosto, perpetrado por el brazo local del grupo yihadista Estado Islámico (EI) mató a más de 100 personas en el aeropuerto, entre ellos 13 soldados estadounidenses.
Desde el último día de la evacuación, las nuevas autoridades afganas trataban de poner nuevamente en funcionamiento la terminal aérea con la asistencia técnica de Qatar y otros países, luego de que las salas de espera, las pasarelas de embarque y otra infraestructura técnica quedaron seriamente dañadas.
Finalmente, el vuelo de PIA, procedente de Islamabad, aterrizó con pocas personas a bordo (unas 10) y despegó de regreso a la capital paquistaní con más de 70 pasajeros. A Islamabad viajaban afganos familiares de personal de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, según fuentes aeroportuarias.
La reanudación de los vuelos comerciales es una señal de “normalización” económica del país y los talibanes quieren hacer de ese hecho una muestra de lo que prometieron en repetidas oportunidades: que dejarán marcharse libremente a los afganos con la documentación en regla.
Por su parte, muchos de ellos no creen en esas promesas de la milicia radical y temen represalias por ayudar a las potencias extranjeras durante los 20 años de ocupación de Estados Unidos y sus aliados (aunque los talibanes prometen una amnistía general que incluya las fuerzas de seguridad contra las que lucharon).
Varios miembros de la OTAN reconocieron que no tuvieron tiempo de evacuar a miles de afganos en riesgo antes del plazo del 31 de agosto establecido por los estadounidenses para dejar el país.
Los talibanes prometieron un régimen más “tolerante” al impuesto entre 1996 y 2001, pero envían señales que contradicen esas afirmaciones, como la decisión de prohibir manifestaciones no autorizadas o disparar al aire para disolver protestas.
Es por eso que el gobierno talibán, que por ahora sólo es provisional, es observado por el mundo con preocupación por la situación interna del país.
Millones de afganos ya están afectados por una sequía aguda y las consecuencias de la pandemia de la covid-19. Según la ONU, sin ayuda, casi toda la población afgana (97%) puede caer bajo el umbral de la pobreza el año próximo. Actualmente, 72% de los habitantes del país es pobre.
En ese marco, el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, inauguró la conferencia internacional sobre la situación humanitaria en Afganistán advirtiendo de que afronta sus «horas más peligrosas» y necesita más ayuda internacional para superarlas.
«Es el momento de que la comunidad internacional esté con ellos», dijo Guterres, quien recordó que antes de la llegada al poder de la milicia radical, el país ya experimentaba «una de las peores crisis humanitarias globales».
La ONU asignará 20 millones de dólares para apoyar la operación humanitaria en Afganistán del Fondo Central de Respuesta a Emergencias.
Quien también se expresó en las últimas horas fue la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La ex presidente de Chile se mostró «decepcionada» por la falta de diversidad del gobierno de los talibanes y «preocupada» por el trato a las mujeres y la disidencia.
«Estoy decepcionada por la falta de inclusión en lo que llaman el gobierno de transición, que no incluye a ninguna mujer y pocos miembros no pastunes», señaló Bachelet en la apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. La directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Pramila Patten, había expresado hace unas semanas que la incorporación de mujeres en la futura administración sería una «prueba de fuego» para constatar el verdadero compromiso de los talibanes con los derechos y las libertades.
Cabe recordar que a principios de septiembre ellos utilizaron gas lacrimógeno para reprimir una marcha de mujeres (la tercera desde que tomaron el control del país) que se concentraron en Kabul para reclamar ser incluidas en el próximo gobierno.
Bachelet también denunció la búsqueda «puerta a puerta» de miembros del antiguo gobierno, de militares o de personas que trabajaron para las fuerzas extranjeras presentes en el país, y de las amenazas e intentos de intimidación contra ONG y empleados de la ONU.
«En algunos casos los altos cargos fueron liberados, en otros los hemos encontrado muertos», afirmó Bachelet, y denunció la represión «cada vez más violenta» de manifestaciones pacíficas, así como de los periodistas que las cubren.
La funcionaria de la ONU también reiteró sus llamados al Consejo para poner en marcha un mecanismo específico que permita seguir de cerca la evolución de la situación de los derechos humanos y mantener el Consejo informado.
Otra crítica al gobierno provisional de los talibanes, formado la semana pasada, llegó desde Irán, que criticó que la nueva formación de gobierno no sea representativa de toda la población del país, como había prometido el viceprimer ministro, Mullah Abdul Ghani Baradar.
De los 33 ministros del gabinete anunciados, la mayoría es pastún. Sin embargo, Afganistán es un Estado diverso: mientras que una gran parte de la población es de etnia pastún (42%), los tayikos representan 27% del total y las minorías -como los hazara y los uzbecos- suman 31%.
«Ciertamente no es el gobierno inclusivo que esperaban la comunidad internacional y la República islámica de Irán», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Said Khatibzadeh.
«Realmente debemos esperar y ver cómo responden los talibanes a las peticiones internacionales», añadió durante una conferencia de prensa en Teherán.
A Irán, que comparte más de 900 kilómetros de frontera con Afganistán y alberga a casi 3,5 millones de afganos, le preocupa una eventual nueva afluencia de refugiados.
El gobierno provisorio que anunciaron los talibanes está integrado sólo por hombres, en su mayoría de la etnia pastún, y es controlado por viejos miembros del grupo islamista fundamentalista.
La cabeza del Rahbari Shura (consejo de liderazgo) será Mohammad Hassan Akhund, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno talibán. Sobre él pesan sanciones internacionales aprobadas por la ONU.
El consejo de liderazgo hace las veces de un gabinete que maneja todos los asuntos de la milicia, sujeto a la aprobación del máximo líder, Hibatullah Akhundzada.
Akhund es conocido internacionalmente como uno de los ideólogos de la destrucción de los Budas de Bamiyán, las gigantescas estatuas en los acantilados afganos que fueron destruidas por los talibanes en 2001.
Inicialmente, el Mullah Omar no tenía intención de destruir las estatuas. Pero el fundador de los talibanes estaba enojado al ver que había dinero internacional disponible para la conservación de las estatuas declaradas patrimonio mundial de la UNESCO mientras no lograba obtener ayuda humanitaria de las Naciones Unidas para Afganistán. Así, Omar buscó el consejo de su shura y Akhund fue parte del consejo que ordenó la destrucción de las estatuas, del siglo VI.
Algunos especialistas afirman que Akhund es un erudito religioso conservador cuyas creencias incluyen restricciones a las mujeres y la negación de los derechos civiles de las minorías étnicas y religiosas.
Sus edictos en la década de 1990, adoptados por los talibanes, incluyeron la prohibición de la educación de las mujeres, la aplicación de la segregación de género y la adopción de un estricto atuendo religioso. Todo esto podría ser un indicador de lo que está por venir.
Por otro lado, la demora en el nombramiento del primer ministro del nuevo gobierno -los talibanes pospusieron repetidamente hacer un anuncio- podría ser un indicador de divisiones internas entre ellos, entre quienes expresan un lenguaje conciliador con respecto a los derechos de las mujeres, el trabajo con la comunidad internacional y la amnistía para los miembros del gobierno anterior y la ideología de facciones talibán como la red Haqqani, uno de los grupos más radicalizados entre los talibanes.
Este hecho también es observado con atención por la comunidad internacional, ya que dos miembros de la red Haqqani también serán parte del gobierno afgano.
