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El fracaso de la Justicia Federal y las oportunidades perdidas en la reorganización de las fiscalías federales en Córdoba

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Por Julián Alfie*

El Foro Permanente “El fracaso de la Justicia Federal”, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), dedicó su segundo encuentro a analizar el desempeño de las fiscalías federales de Córdoba, luego de la inversión realizada para la reunificación de sedes. ¿Qué cambió, qué se pudo haber cambiado y qué hace falta cambiar en el funcionamiento del Ministerio Público Federal? ¿Faltan recursos o falta voluntad de transformación?

«Es desesperante que a 40 años del inicio de los procesos de reforma procesal penal sigamos discutiendo cuestiones tan básicas», señaló Patricia Coppola, integrante de la Junta Directiva del INECIP. En ese sentido, reclamó: “Los operadores del sistema federal que estén convencidos de las bondades de un sistema acusatorio deben ejercer la presión política necesaria para su implementación. Pero, en el mientras tanto, hay cosas que ya se pueden hacer y no se hacen: realizar audiencias, cumplir con los plazos procesales, unificar criterios de persecución, son cosas que no dependen de la vigencia del Código. Tienen edificios nuevos para trabajar, personal para trabajar, sueldos rayanos con la inmoralidad, pero el esfuerzo por cambiar es realmente poco”. 

Tres fiscales federales de Córdoba participaron del encuentro, y señalaron avances, propuestas y cuentas pendientes en el marco de la tan mentada “mudanza” de las fiscalías federales.

Enrique Senestrari señaló: “Lo óptimo hubiera sido tener un edificio propio que se ajuste a las necesidades del acusatorio. Había tiempo para hacerlo de otra manera. Lamentablemente no se aprovechó, si bien hubo algunos cambios positivos”. Sobre la situación del MPF, añadió: “Hace falta una política central desde la Procuración General que baje decisiones claras y precisas, para que no dependa todo de acuerdos locales que son difíciles de encontrar, porque cada fiscal está acostumbrado a cuidar lo suyo”.

Por su parte, Carlos Gonella apuntó: “Seguimos teniendo un Procurador interino, no por culpa de él, sino por la incapacidad política de generar consensos, en el contexto además de una falta de diálogo entre el MPF y el Poder Ejecutivo. Es una situación muy difícil que requiere que los fiscales nos pongamos de acuerdo entre nosotros para impulsar cambios”.

Tanto Gonella como Senestrari coincidieron en que, en general, los funcionarios de la justicia federal, forman parte de una élite económico-social, lo que colabora con la selectividad del sistema.

La fiscal federal María Marta Schianni complementó acerca de los cambios necesarios: “Una de las principales falencias es la demora en el tiempo de investigación, que viene dada, muchas veces, por la escritura. Todo se plasma en largos escritos que no hacen a la preparación del caso”.

La conclusión la aportó Patricia Soria, vocal de la Cámara provincial de Córdoba: «Hay recursos suficientes para la implementación del Código Procesal Penal Federal: lo que falta es redistribuirlos. Hay un gran lobby de los jueces federales que no quieren largar la investigación. Las experiencias provinciales demuestran que, si bien el Código es una herramienta esencial, muchos cambios de prácticas pueden hacerse sin tener que esperar a su vigencia».

Para quienes no formamos parte del sistema de justicia federal, pero sí estamos preocupados por su funcionamiento, la situación de las fiscalías federales en Córdoba es llamativa. Las reformas realizadas en los últimos 40 años se hicieron, en general, con mucha voluntad y pocos recursos. En este caso, la situación parece ser la opuesta: una enorme inversión para una mudanza, que la Procuración General de la Nación no acompañó con una resolución general que implemente la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27.148. Esa ley, a diferencia del Código Procesal Penal, no fue suspendida y se encuentra plenamente vigente. Falta una decisión política que permita designar un fiscal coordinador, formar equipos de investigación y áreas de trabajo comunes, unificar criterios político-criminales, en fin, establecer una persecución penal estratégica que permita mejorar los magros niveles de eficacia. De lo contrario, el Ministerio Público Fiscal seguirá esperando de brazos cruzados que la política se digne de una vez por todas a implementar el Código Procesal Penal. A casi una década de la sanción de ese Código, y con los resultados a la vista, es hora de intentar algo distinto.

*Julián Alfie es Subdirector Ejecutivo del INECIP.

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