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El experimento económico al que el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, parece obstinado en involucrar a la sociedad de su país no podría haber tenido un inicio más preocupante.
En el primer día de la circulación del bitcoin como moneda de curso legal en ese país, el precio de las criptomonedas cayó casi 14%.
Desde ayer El Salvador opera con el bitcoin como divisa oficial junto al dólar, pero durante la puesta en marcha oficial la cotización agregada del mercado de criptomonedas experimentó una abrupta caída.
El descenso agregado en el valor de mercado de las casi 9.300 criptomonedas registradas en la plataforma de Coingecko provocó que el valor conjunto de todas las divisas se situara en 2,1 billones de dólares.
El bitcoin, ahora divisa oficial de El Salvador y la criptomoneda de mayor capitalización, registró un descenso de 10,1%, hasta cotizar en 46.208,48 dólares, en tanto que ethereum, la segunda mayor cripto del mundo, cayó 14,6%, hasta 3.363,55 dólares.
Pero en el “debut soñado” que imaginó Bukele también hubo inconvenientes con los servidores de Chivo Wallet, la billetera oficial de bitcoins y dólares.
La implementación de la criptomoneda de más alta cotización es parte de un controvertido plan promovido por Bukele para reactivar la economía salvadoreña, el cual, según el gobierno, contribuirá a la bancarización de la población y evitará la pérdida de unos 400 millones de dólares de comisiones por las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero por intermedio de entidades financieras. El monto no es menor. Además, hay que prestar atención a este dato: las remesas de unos dos millones de salvadoreños en el exterior alcanzan 5.900 millones de dólares y representan 22% del PIB del país.
La puesta en marcha del plan de Bukele comenzó en junio con un anuncio, en inglés, en una conferencia en Miami, donde el mandatario sedujo a la comunidad geek (los amantes de la tecnología) con su apoyo a las criptomonedas, pero sin dar muchas explicaciones a los salvadoreños sobre el proyecto oficial. Algo que parece absolutamente necesario para un proyecto de esta magnitud, que obliga a los ciudadanos a adoptar una tecnología para la que, según afirman muchos analistas, no están preparados.
Para avanzar rápidamente con el plan presidencial, la Asamblea Legislativa (el parlamento unicameral de El Salvador, en el que Bukele tiene amplia mayoría) aprobó, también en junio y de manera exprés, la “Ley Bitcoin”.
Ésta obliga a «todo agente económico» a «aceptar bitcoin como forma de pago cuando le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio». El gobierno aclaró que si el establecimiento comercial no desea recibir bitcoin en su cuenta, la aplicación Chivo tiene la opción de convertir el monto a su equivalente en dólares a la hora de la transacción.
«Nadie está obligado a usarlo, por lo que hay que recordar que el dólar es la moneda de referencia para los precios, los salarios y los registros contables del país», según el gobierno.
La “bitcoinización” genera dudas en gran parte de la población, en un país de 6,4 millones de habitantes profundamente dividido. Los detractores de Bukele lo cuestionan por sus decisiones que rozan el autoritarismo; y los defensores del mandatario apoyan al gobierno y ven en la oposición movimientos desestabilizantes. Un gran capítulo de esta “grieta” ocurre desde junio por la adopción de la criptomoneda, que genera la desconfianza en los especialistas y es seguida de cerca en las redes sociales con las etiquetas #bitcoinday y #noalbitcoinenElSalvador.
El Banco Mundial rechazó ayudar a implementar la moneda por deficiencias medioambientales (ya veremos de qué se trata esto) y por falta de transparencia en el proyecto. Además, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo descartó que el uso del bitcoin como moneda legal ayude a dinamizar la economía salvadoreña.
Los principales partidos opositores tampoco se mantuvieron callados frente al “experimento Bukele” y expresaron su disconformidad: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pidió que el uso del bitcoin no sea obligatorio, y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) exigió la derogación de la ley.
El gobierno dispuso 203 millones de dólares del presupuesto para su plan, que respalda la convertibilidad automática de bitcoin a dólar y ya ya compró sus primeras 400 monedas a un valor de mercado de 21 millones de dólares y lanzó la billetera electrónica Chivo para los teléfonos celulares. Además, regaló a los salvadoreños un monto equivalente a 30 dólares en bitcoins para que comiencen a operar.
En el lenguaje coloquial salvadoreño, «chivo» significa algo muy bueno. Pero sus detractores aseguran en las redes que el bitcoin #NoesChivo porque expone los fondos estatales a un activo muy volátil.
Como parte del plan que convierte a El Salvador en el laboratorio mundial de bitcoin, también se instalaron 200 cajeros Chivo en todo el país para operar con la criptomoneda.
Uno de los principales cuestionamientos a la “bitcoinización” es la falta de certezas (por la falta de leyes y regulaciones en el país) sobre qué sucederá cuando existan fluctuaciones en el valor de la criptomoneda.
Cabe recordar que el precio del bitcoin actualmente supera 40.000 dólares. Sin embargo, en los últimos 12 meses ha llegado a 62.000 o caído hasta 35.000, por comentarios de inversionistas como Elon Musk o de anuncios de regulaciones chinas.
Justamente es ése el fundamento de mayor peso frente a la algarabía del oficialismo por el inicio de las operaciones con cripto en pequeños comercios del país. Los más críticos de Bukele destacan que las bitcoin son bienes especulativos y no objetos de intercambio que puedan resolver las necesidades de comerciantes y consumidores en las operaciones diarias.
Por otra parte, cuestionan que se haya creado con recursos públicos Chivo SA de CV, una sociedad anónima de capital variable (es decir, una empresa privada) para la administración de la app y para controlar la obligatoriedad del criptoactivo.
Mientras Bukele mostraba satisfacción por el puntapié inicial del bitcoin y publicaba en Twitter imágenes y videos de compras hechas por algunos consumidores con Chivo, jueces, excombatientes y organizaciones sociales marchaban hacia la Asamblea Legislativa, en protesta contra la Ley Bitcoin y contra el decreto que cesó de sus cargos a los jueces mayores de 60 años, otra controvertida decisión de Bukele tomada en los últimos días.
«Uno de los primeros riesgos que habíamos advertido es que los costos de este experimento quien los pague sea la población», advirtió el economista Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Sin embargo, el gobierno salvadoreño asegura que el bitcoin estimulará la economía que, desde su dolarización en 2001, ha estado estancada con una media de crecimiento entre 2% y 4%. En 2020 se contrajo 7,9%, en medio de la pandemia del covid-19. Se proyecta que este año crezca más de 9%.
Tatiana Marrouquín es una de las economistas salvadoreñas más críticas de la adopción del bitcoin como moneda oficial. “Entre ayer por la tarde, que el GOES (Gobierno de El Salvador) anunció la compra de bitcoin, y este momento, el precio ha caído un poco más de 5%. Aproximadamente US$1 millón menos. ¿Por qué importa? Porque los precios en El Salvador se mantienen en dólares, entonces estas caídas son menor poder de compra”, tuiteó Marroquín en el primer día de la vigencia del bitcoin.
La economista destacó recientemente: “Los salvadoreños y salvadoreñas no están preparados/as para afrontar adecuadamente el riesgo de la especulación que hay detrás del bitcoin y que es la que le da su valor, sobre todo en el marco de un país en el cual hay mucha población en situación de pobreza y los ingresos no son sustanciales”.
Además, planteó sus reparos sobre cómo se va a registrar la operatoria de criptomonedas en la contabilidad fiscal. “No tenemos manera de rastrear cuánto valor van perdiendo o ganando los bitcoin públicos, y se puede prestar a muchas malversaciones de fondos”, graficó.
Pero hay dos aspectos de la adopción del bitcoin como divisa oficial que al menos durante el día de ayer pasaban desapercibidos en los titulares que reflejan noticias sobre El Salvador.
Por un lado, una cuestión tecnológica pero absolutamente básica: la aplicación ChivoWallet es denunciada por varios usuarios por ser invasiva y poco segura. Solicita permisos que podrían permitir espiar a los usuarios, no cifra la información y envía los datos en texto plano al generar códigos QR.
En segundo lugar, la red blockchain sobre la que se basa bitcoin tiene el problema llamado del “doble gasto”, un defecto potencial por el que una misma moneda digital puede gastarse más de una vez. Esto es posible porque cada moneda consta de un archivo digital que puede duplicarse o falsificarse.
Esto se combate verificando las transacciones o “minando” esas operaciones. El minado requiere computadoras y equipos con mucha capacidad de procesamiento, lo que añade un problema ambiental. La minería del bitcoin es altamente contaminante, dada la enorme cantidad de energía que se requiere para desarrollarla.
Dependiendo de los estudios que se tengan en mano, la huella de carbono que genera el consumo energético necesario para minar y procesar las transacciones de bitcoin es iguales a las emitidas por toda Nueva Zelanda o Argentina.
Bukele afirmó que la energía para las granjas mineras no será un problema, pero tampoco dio muchos detalles y alimentó las dudas en un país donde el deterioro ambiental avanza sin control.
