ESCUCHARLa evasión impositiva surge en todas las economías de los diversos continentes, aunque la brecha es de diversa magnitud y correlativa al grado de desarrollo y de eficiencia que poseen en cada caso los organismos de recaudación y contralor.
Según investigaciones de organismos privados especializados, una importante proporción de la actividad económica global (34,5%) se desarrolla por canales informales que de esa forma logran escapar a las cargas fiscales. Obviamente, esta modalidad tiende a condenar, a quienes cumplen con todas sus obligaciones, a una evidente competencia desleal. Los datos estadísticos son insuficientes y poco precisos, pero hay coincidencia que dentro del quinto de trabajadores que operan bajo el encuadre de “cuentapropistas”, la inmensa mayoría de ellos está “en negro”.
En cuanto al conjunto de asalariados que, según la Encuesta Permanente de Hogares, se estima llega a 12,4 millones, nada menos que alrededor de 35% no está amparado por las leyes laborales, sin poder acceder al régimen de seguridad social. El marco que determina la dimensión de la franja que opera dentro de las normas legales es algo impreciso, aunque el colectivo que se mantiene en el campo ilegal es absolutamente transgresor. Equívoca o tendenciosamente suele ser señalado como habitual sólo de los identificados como“pequeños empresarios”, pese a que en realidad alcanza a todos por igual junto con las falencias del contralor estatal.
Debe tenerse en cuenta que las “grandes empresas”, con más de 200 dependientes cada una, representan apenas 9,2% del total pero generan puestos desempeñados por 39,7% de los asalariados. Entre las medianas (de 50 a 200 empleados) y pequeñas empresas (menos de 50), cubren 90,8% de las unidades productivas pero su personal equivale a 60,3% del empleo en relación de dependencia. Hasta ahora, los reiterados intentos de bajar en una proporción importante “los ilegales” logró en el decenio 2000/09 un marcado éxito pues del 43,7% la reducción alcanzó 33,5%. Durante el quinquenio 2010/14 no hubo mejoras y se mantuvo casi invariable en el número preexistente (34,1%).
La falta de cumplimiento de los regímenes de trabajo no son infracciones exclusivas de los empresarios privados. En el sector público nacional coexisten en tal condición el equivalente a 14,7% del total ocupado, figurando como “contratados transitoriamente” por términos más reducidos que el respectivo ejercicio. En las jurisdicciones locales (provincias y municipios) la referida franja es aún mayor (16,8%): asciende a 501 mil.
La informalidad en el mundo
La situación antes referida no está vigente sólo en Argentina sino que está generalizada en todo el mundo. En América Latina se verifican índices preocupantes y los respectivos gobiernos se muestran incapaces de combatirla; o menos diligentes en introducir correcciones.
Se pueden citar los casos de Bolivia, donde llega a 63,5%, y en Perú, 53,7%. Por su parte Brasil, con una población total de 212 millones, comprende un muy elevado número revistando en condiciones de ilegalidad, ya que ascienden a 36,6% de los que trabajan en relación de dependencia. Dado que la población económicamente activa ocupada es de 118,9 millones, los en situación irregular trepan a nada menos que 43,5 millones, lo que da una idea cabal de la magnitud que asume allí el problema.
Menos grave es el caso de México, segunda economía de América Latina, pues si bien la relación porcentual es algo menor (28,8%) en función de su población total (109,5 millones) y la económicamente activa (63,5 millones), los no registrados resultan ser unos 18,3 millones.
El panorama de las tres principales potencias
Prueba que su cumplimiento no reduce las posibilidades de expansión la da el hecho de que las tres principales potencias del circuito mundial exhiben altos porcentajes de acatamiento. En el amplísimo y muy poblado mercado chino (1.358 millones de habitantes), de su población económicamente activa (836,6 millones) sólo 11,9% (99,6 millones) no están debidamente encuadrados y permanecen fuera de las reglamentaciones estaduales. Si se encara una comparación con Brasil se verifica que su población es 6,4 veces mayor, mientras los que se mantienen en la informalidad resultan sólo 2,3 veces más.
En cuanto a Estados Unidos, la respectiva población asciende a 323,5 millones, la ocupación alcanza 187,8 millones y los que no cumplen con las normas son un pequeño núcleo que representa 8,6%; o sea, un colectivo constituido por 16,2 millones. Frente a la evidencia de que en las más poderosas economías del orbe en distintos continentes es donde se acata en superior medida el cumplimiento de todas las formalidades para desempeñarse en relación de dependencia.
En la actual tercera potencia, India, cuyo territorio es de sólo 3,287 millones de km2, la población asciende a 1.246,9 millones, con 32% de menores de edad, es decir desde 0 a 14 años, y una minoría que involucra apenas 5% que tiene 65 o más años. La población económicamente activa ocupada es de 806,7 millones y nada menos que 311,4 millones escapan a toda acción de contralor estatal. En realidad coexisten dos numerosas franjas muy diferenciadas: 30,4% del total está localizado en la zona más cercana a Nueva Delhi, donde se desarrollan las técnicas más sofisticadas y vanguardistas del planeta. En cambio la mayoría, 495,3 millones, realizan tareas especialmente manuales y tienen un muy bajo nivel de vida; allí la ilegalidad laboral muestra 82,5% de los irregulares; mientras en la otra área, éstos son 25,7 millones, que implican 17,5% de dicho total general.
La situación occidental y central
Una rápida hojeada respecto a lo que sucede en las principales economías del llamado Viejo Continente nos vuelve a ratificar las conclusiones ya acumuladas. Alemania y Francia, las mayores potencias de la Unión Europea del área del euro, exhiben bastante moderados índices de informalidad. En el caso de la primera es de 16% respecto a su población total (80,5 millones) y económicamente activa ocupada (66,2 millones), ya que los no registrados suman alrededor de 10,1 millones; en Francia, con un total de 63,9 millones de habitantes y la PEA que tiene trabajo de 42,7 millones, los que eluden su normalización representan 15%, que significan unos 6,4 millones. Para el caso del Reino Unido, que posee un territorio de apenas 244 mil km2 donde viven 63,8 millones, los ocupados ascienden a 39,3 millones. Es oportuno tener en cuenta que 18% del total general es menor y 16% mayor de 64 años; al par que quienes eluden su registro representan un colectivo de 5.895,2 miles (15%).
Si se retrocede en el tiempo hasta antes del año 2008, cuando sus economías funcionaban con relativa normalidad, y se pasa revista hasta 1990, se verifica que las proporciones porcentuales del empleo irregular o “en negro” en los países antes mencionados no han tenido cambios dignos de evaluación diferencial. Parece que esa práctica negativa no ha sido habitual, cualquiera sea la coyuntura que se estuviera atravesando en los últimos 25 años.
Una mirada hacia el continente africano pasado
En África, la región más pobre del planeta Tierra, la situación antes y ahora, lógicamente, se mantiene bastante mas comprometida. A modo de ejemplo y testimonio se puede mencionar a Egipto, que posee una importante zona marítima y maneja los pasos por el estrecho de Suez, ruta obligada para comunicarse con todo el sur de Asia y, obviamente, con todos los países bañados por el océano Índico. En su territorio viven 81,7 millones de habitantes y la población económicamente activa ocupada asciende a 52,9 millones; mientras la que no cumple las normas y reglamentaciones laborales llega a 33% (17,5 millones).
No muy distinto es el escenario de Sudáfrica, en el extremo inferior del continente, con 51,1 millones de habitantes. Conforman la oferta de trabajo ocupada 29,8 millones y, de ellos, los irregulares suman nada menos que 13,1 millones (44%).
Si se opta por evaluar un par de países de menor dimensión y sin costas al mar Mediterráneo podemos citar los casos de Sudán y Camerún, con 47,9 millones y 22,2 millones de habitantes, respectivamente. Ellos registran, en el orden mencionado, 29,9 y 12,8 millones de ocupados, de los cuales no han cumplido con las normas de habilitación una muy elevada proporción: 14,7 millones (49,2%) en el primero y 6,6 millones (51,3%) en el segundo.
Reflexiones finales
De acuerdo con lo verificado precedentemente, la existencia de una franja de asalariados de diversa significación es característica y común a todos los países del planeta. Su grado de importancia está en relación inversa con el desarrollo de la respetiva economía y el nivel de organización que imprime cada gobierno a la actividad interna.
Estados Unidos y los 28 países que conforman la Unión Europea, junto con China en Asia son los que, en relación con su población total y la ocupada, exhiben las situaciones más favorables. Los que alientan la ilegalidad sostienen que el encuadramiento implica asumir un mayor costo salarial que les quitaría posibilidades competitivas. Esto no es real pues la diferencia por no pago de tales conceptos constituye por lo general un rubro más que acrecienta los márgenes gananciales de quienes concretan esa apropiación.
Es cierto que coexiste un sector minoritario que de otra manera asegura que dejaría de existir. Pero este argumento es falaz pues la verdadera causa de la marginalidad debe buscarse en una gestión poco eficiente que, en vez de ser corregida y optimizada, prefiere hacer pagar esa diferencia a los asalariados. El perjuicio a éstos no es sólo la de una remuneración mermada sino la falta de cobertura que se logra con el cumplimiento de las leyes sociales.
En el otro extremo de la pirámide, los sueldos que perciben los más altos funcionarios y el personal superior en las empresas privadas suelen no ser declarados y también permanecen “en negro”. Esa tan generalizada modalidad que permite eludir pagos del impuesto a las Ganancias y resta ingresos al Estado lo inducen a que éste trate de resarcirse elevando las respectivas cargas que deben enfrentar los demás contribuyentes y obligados.
En Argentina y, en general, en casi toda América Latina, se advierten índices más elevados de los que deberían existir por lo menos en los principales países y esto puede persistir sin descender debido a una sospechosa ineficiencia de los organismos públicos de recaudación y contralor.
