Inequívocamente llegó el fin de un estado de cosas en nuestra querida España. Son demasiadas las señales que exceden el problema catalán
Por José Emilio Ortega – Santiago Martín Espósito (*)
El referéndum catalán del 1 de octubre, avisado canto de cisne, será visto como un hito en el derrotero iniciado con aquel recurso del Partido Popular (PP) contra el Estatuto catalán -que fue aprobado por referéndum-, que el Tribunal Constitucional (TC, corte suprema) recortó cuatro años después. Las pretensiones de declarar su lengua como exclusiva en la enseñanza, organizar un Poder Judicial completamente autónomo y ampliar sus competencias fiscales se vieron frustradas. Caló profundo en la colectividad catalana la consideración del TC relativa a la ineficacia jurídica de las invocaciones a la “nación” contenidas en el preámbulo del Estatuto impugnado. De allí en más, el camino vertiginoso e incierto.
La actualidad sincera el quiebre del consenso establecido en la transición, afirmado en la Constitución de 1978. No hubo en esta crisis capacidad de comprender la pluralidad española. Sólo durante la Segunda República pareció abrirse una posibilidad de reconocimiento plurinacional, luego segada de cuajo por el franquismo -que no admitió otra visión sobre España que no fuera la castellana-. Los famosos pactos y febriles esfuerzos realizados por la dirigencia española en la transición forjaron “autonomías” que dirimieron los reconocimientos nacionales, lo que se conoce en España como “café para todos”: la posibilidad de un autogobierno para las regiones con reivindicaciones nacionalistas, País Vasco, Cataluña y Galicia.
La tracción constitucional -incluyendo los estatutos de autonomía- logró la pacificación. El respaldo ciudadano, aun en Cataluña -con porcentajes mayores que el resto de España-, fue contundente. Pero se trataba de la salida de una dictadura institucional que hasta llegó a prohibir la lengua catalana.
Las voces españolas más lúcidas -sobresaliendo la doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y destacada internacionalista Araceli Mangas Martín- señalan la desidia del gobierno español (con notoria falta de líderes indiscutidos que tengan intuición, visión y formación), que parece haber confiado en que el entramado de procedimientos podría más que el empecinado proyecto nacionalista. Y hoy alertan: de tantos ejercicios independentistas de facto, aun revestidos de institucionalidad forzada, podrá surgir la efectividad inherente a un Estado soberano.
¿Puede haber un efecto contagio? Dentro de la misma España hay diferencias entre los procesos. En el caso vasco, la demanda secesionista surge de su propio reconocimiento como sujeto político con derecho a la autodeterminación. En Cataluña, ante la negativa de España a reformar la financiación autonómica y establecer un sistema similar al de País Vasco, las aspiraciones independentistas recrudecieron.
Fuera de España encontramos experiencias como las de Serbia y Kosovo -independencia viable por intereses geopolíticos ajenos a la región en conflicto que hasta aquí, en el caso que nos interesa, no se han explicitado si existen-. Se cita el caso de Quebec, que ha sido contenido por un gobierno canadiense rápido de reflejos. Se invoca, de manera general, la libre determinación de los pueblos, que aun reformulada después del fin de los colonialismos no tutela situaciones lesivas del principio de la indivisibilidad del Estado soberano cuando éste no ha menguado ni sojuzgado a la colectividad reclamante.
La imposibilidad, hasta ahora, de impulsar en España una transacción constitucional -que hubiera podido contener mediante la reforma nuevas situaciones especiales- deja pocas vías abiertas para una negociación. La crisis generada por la falta de capacidad para dialogar y reorganizar el Estado soberano en función de estas particularidades es el peor legado que esta experiencia deja al mundo. Pues otros casos podrán surgir, apuntando directamente -por eficaz- a la vía del “portazo”.
Señalamos la paradoja de la integración europea que, afirmando trabajosamente una estructura por sobre los Estados nación, empujó reivindicaciones regionales de difícil digestión institucional. Aun con su renovado Comité de las Regiones no contuvo a regiones como Cataluña o el País Vasco que, si bien apoyaron la entrada de España a la Unión Europea en la década del 80, como una forma progresiva de minar las competencias de la administración central, resultan una incógnita para estructuras supranacionales impregnadas de cierta burocracia, que hasta aquí no han colaborado efectivamente a procurar soluciones al caso.
Inequívocamente llegó el fin de un estado de cosas en nuestra querida España. Son demasiadas las señales que exceden el problema catalán.
La transición democrática y la integración a Europa son capas de una historia contemporánea que debe construir un nuevo capítulo. España posee las herramientas y lúcidos analistas que señalen el camino.
Replantear sus relaciones internas y comunitarias será el gran cometido que anticipa un diálogo a muchas bandas.
El mundo espera esa solución que anticipará -sin dudas- tensiones análogas en otras latitudes.
(*) Docentes de Derecho Público Provincial y Municipal, UNC
