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En el agitado escenario político actual, la Cámara de Diputados ha avanzado en la aprobación del proyecto de «Ley de Bases» del Gobierno, desencadenando una serie de tensiones en el sector agropecuario argentino.
El foco de la discordia recae en la propuesta de adhesión al convenio internacional UPOV-91, que regula la propiedad intelectual y los derechos sobre las semillas.
Mientras, el Gobierno defiende esta medida como crucial para el desarrollo de la industria semillera, los productores y dirigentes rurales expresan una férrea oposición, proponiendo en su lugar la discusión de una nueva ley de semillas.
La posición oficial del Gobierno destaca la importancia de la adhesión al convenio como un impulso esencial para la industria semillera y el acceso a tecnologías que mejoren la productividad agrícola.
Claudio Dunan, presidente del Instituto Nacional de Semillas, argumenta que esta medida busca duplicar las exportaciones en los próximos años, enfocándose en aumentar la productividad por hectárea, diversificar cultivos y hacer frente a la volatilidad climática. Para Dunan, tener una industria de germoplasma que ofrezca las mejores tecnologías es clave para el país.
Sin embargo, el sector agropecuario se muestra reacio a adherir al convenio propuesto, planteando en cambio la necesidad de discutir una nueva ley de semillas.
La Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina han solicitado la retirada del artículo que aborda la adhesión al UPOV-91. Para ellos, esta medida condicionaría la práctica tradicional del «uso propio», donde los productores reproducen semillas para futuras siembras.
Laura Villamayor, coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Semillas, destaca las diferencias entre los convenios UPOV-78 y el UPOV-91 en términos de propiedad intelectual.
Mientras que el primero habla de la posibilidad de patentar, el segundo reconoce el mejoramiento sobre una planta o variedad vegetal sin hablar explícitamente de la patentabilidad. Villamayor aclara que la adhesión al UPOV-91 permite el «uso propio» de semillas, aunque aún queda por reglamentar qué tamaño de productor estaría exento de pagar por dicho uso.
Antes de la votación de la «ley ómnibus», las entidades del campo solicitaron la eliminación del artículo que propone la adhesión al UPOV-91, abogando en su lugar por una reforma de la actual Ley de Semillas. Consideran que este convenio condiciona la práctica del «uso propio» y podría afectar la autonomía de los productores en la reproducción de semillas.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresa la atención del campo hacia la discusión en el Congreso y destaca la importancia de un debate sin condicionamientos sobre la adhesión al UPOV-91.
Además, plantea incertidumbres sobre el futuro de los derechos de exportación, subrayando la necesidad de conocer las alícuotas y su impacto, especialmente en el caso de la soja.
La Mesa de Enlace se reunió recientemente con gobernadores para discutir el tema de las semillas. Carlos Castagnani, presidente de CRA, destaca la preocupación del sector respecto a la adhesión al UPOV-91 y aboga por la retirada de este artículo, proponiendo, al mismo tiempo, la discusión de una nueva Ley de Semillas. La necesidad de un debate libre de condicionamientos se mantiene como un punto central en las discusiones.
El debate sobre la adhesión al convenio UPOV-91 ha desencadenado un enfrentamiento entre el Gobierno y el sector agropecuario argentino.
Mientras el Ejecutivo busca impulsar la industria semillera, los productores y dirigentes rurales insisten en la importancia de preservar la autonomía y tradición en la reproducción de semillas. La próxima fase en el Senado determinará el rumbo de esta disputa, con el futuro de la ley de semillas y su impacto en la agricultura del país en juego.
(*) Agente de la propiedad industrial
(**) Abogada
