ESCUCHARPor Luis Alberto Esterlizi (*)
“Esclarezcamos nuestras discrepancias, y para hacerlo, no transportemos al diálogo social institucionalizado nuestras propias confusiones y equivocaciones. Limpiemos por dentro nuestras propias ideas – primero – para construir el diálogo social después. Dentro de la ley TODO, fuera de ley NADA”
La crisis y sus colaterales
Por estos días, en plena crisis pandémica que extiende su contagio gracias a las realidades ignominiosas heredadas en muchos años por desgobiernos y acciones delictivas, se instalan nuevamente las discrepancias como subproducto de confusiones tendenciosas y promoción de conceptos equivocados.
Por lo tanto, debemos desterrar definitivamente las confrontaciones y enfrentamientos internos que dominan nuevamente la escena política-partidaria por conceptos ideológicos promovidos en el mundo desde hace años, porque sin duda alguna busca socavar la existencia del ideario nacional. Ante ello, solo pueden superarlo los pueblos que fortalecen y promueven los valores y principios esenciales provenientes de sus historias, culturas e idiosincrasias.
Confusiones tendenciosas
La estatización, es un proceso por el cual bienes o empresas de capitales privados pasan a ser del dominio público. Es el camino inverso de la privatización propio de las economías liberales. Por dicha causa, la estatización es un camino que eligen los sistemas socialistas, en los cuales los medios de producción confiscados a los particulares pasan a ser administrados por el Gobierno y por el partido o corporación que lo controla.
Como privatización, se conoce en economía la trasferencia o traspaso de una empresa o actividad que estaba en manos del Estado o sector público, al sector privado. Administración de bienes y servicios públicos por parte de una corporación privada.
Estas dos concepciones simbolizan la pelea entre quienes desde lo público y lo privado intentan manejar determinado servicio, medio o producción y por consiguiente contribuyen a impedir la posibilidad de la complementación público-privado cuando la integración de ambos debe ser puesta al servicio del país y de la comunidad en general.
En Argentina se han producido acciones deleznables por parte del sector público como privado y a veces entre ambos, coincidiendo en hipotecar el futuro de los argentinos con endeudamientos pecaminosos y desfalcos al Estado por contratos leoninos y coimas en obras públicas, como así también por la depredación y estafas en instituciones privadas sean de empresarios, trabajadores, mutuales, cooperativas, etc.. Así se puso en claro que las entidades valen por lo que representan, los fines que persiguen pero también por la calidad ética y moral de sus dirigentes.
No se debe coartar la libertad empresaria o prohibir que las de origen extranjero operen en el país, siempre y cuando los gobiernos enfaticen y promuevan el crecimiento económico y desarrollo social, cumpliendo con la planificación o proyectos productivos, laborales o técnico-científicos fijados por el Estado nacional. Por lo tanto, las de origen extranjero como las nacionales deben igualmente cumplir con tales presupuestos.
Es fundamental en tal sentido, promover y defender las leyes que nos identifican como nación y sociedad soberanas e independientes en base a nuestros proyectos, perfiles productivos y avances tecnológicos.
Lo imperdonable es cuando los negociados y la especulación financiera acorralan la economía e impiden el avance del capital productivo como también lo es la estupidez en política que hace que un país como Argentina carezca de un proyecto nacional.
Conceptos equivocados
“Una de las confusiones de términos más grande dentro del argot público es la del Estado y Gobierno. Todo ciudadano pero en especial todo funcionario público, debe conocer las diferencias entre ambos conceptos.
Estado es el concepto político donde se integran territorio, población y poder. Se basa en la distribución funcional del poder, creando organismos a los que se les atribuyen funciones. Es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran una misma sociedad.
En resumen: el Estado es la organización política de la sociedad, mientras que el Gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de las finalidades que establece el Estado”.
Actualidad
Es incompresible que en el siglo XXI las democracias languidezcan hasta ir desapareciendo como posibilidad de participación institucional de los pueblos y los modelos de gobernanzas se retrotraen ignorando la evolución de los mismos que han ido creciendo en organización social y en conciencia cívica.
Esto puede entenderse al prosperar una de las debilidades humanas más pecaminosa y nefasta que es la lucha por el poder sobre todo cuando prevalece la idea de conseguirlo aún a costa de traicionar el sentido trascendente del hombre, convirtiendo a éste en lobo de los hombres. Es que actualmente no solo existe confusión cuando se plantea que Gobierno y Estado significan lo mismo sino cuando – en algunos casos – también imponen la idea de que el presidente, gobernador e intendente son el Estado nacional, provincial y municipal respectivamente, manejando discrecionalmente el poder por medio de los DNU.
En definitiva, debemos reconocer que la comunidad nacional adolece de representantes fidedignos y por consiguiente, está impedida de incidir en la definición y ejecución de las políticas públicas que deberían solucionarle los problemas estructurales.
El dato más significativo de este modelo democrático es lo que pasa con la pandemia en América del Sur y particularmente en la Argentina, donde el covid-19 se ha ensañado con los lugares donde casi ningún gobierno aminoró la existencia de la pobreza extrema, la indigencia y la falta de servicios básicos.
Las leyes del país y las dictaduras
Es bueno reconocer que un país no puede regirse por leyes de una Constitución varias veces trastocada y mancillada por dictaduras militares. Como uno de sus ejemplos, en el tema expropiaciones, la reforma realizada en 1994, en el art. 17, forma parte de la ley 21499 promulgada el 17/01/77 por el último gobierno de facto, bajo un nuevo régimen que derogó las leyes 13264, 17484,19973 y el art.10 de la ley 14393.
Dicho Art. 17 expresa: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser mediante una ley o sentencia fundada en ley”.
Sin analizar sus contenidos porque no es razón de este artículo, es incomprensible que después de 37 años de democracia se sigan aplicando leyes y normas promulgadas por gobiernos ilegítimos.
Participación institucional de la comunidad
Por eso debemos insistir en que ante la ausencia de leyes elaboradas y consensuadas democráticamente – en los casos más controvertidos – los gobernantes deben ocuparse de re-construir consensos, verificando previamente las causales que promueven una intervención del Estado y tener perfectamente en claro el desenvolvimiento de la empresa o propiedad que se quiere preservar bajo el predominio de un interés de amplio sustento político, económico y social.
Comprobamos que la no construcción de los consensos – es aprovechada por los grupos minoritarios que sustentan ideologías extremas o buscan obtener algún rédito electoral. Por tal motivo es imprescindible institucionalizar los ámbitos de coincidencias esenciales y tender a la complementación público-privado más aún ante las implicancias de esta grave crisis integral.
En búsqueda de esa complementación entre sociedad y gobierno, en Córdoba varias entidades intermedias buscan la institucionalización del Consejo Económico y Social que como artículo 149, figura en la Carta Orgánica Municipal y nunca se puso en funcionamiento.
Este ámbito público – privado de verdadera confluencia integra a representantes del municipio y de los sectores gremiales, empresarios, sociales, universidades, institutos de investigación científico-técnica, etc., con el propósito de consensuar una planificación integral y estratégica de los presupuestos políticos, económicos y sociales que resuelvan los problemas más acuciantes de la ciudad de Córdoba.
Es cierto que sus resoluciones tienen el carácter de no vinculantes, pero sí en su conformación participan representantes del Poder Ejecutivo como del Consejo Deliberante, es por demás auspicioso otorgarle al sistema democrático vigente un mayor aperturismo, vinculando sus decisiones como auténticas políticas de estado provenientes de la integración público-privado.
Debemos convencernos: “Si tanto el Estado como el sector privado comprendieran que su meta es la misma – el bienestar de toda la Comunidad – la determinación de los límites de la acción no puede ni debe ser conflictiva”.
Por último es un despropósito que las entidades del quehacer sectorial y social que tienen existencia y representación legal (y que son permanentemente fiscalizadas por los organismos competentes en la materia) no participen con los gobiernos, consensuando la elaboración y ejecución de las políticas públicas.
(*) Presidente Foro Productivo de la Zona Norte.
