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En los últimos días se ha instalado una atendible inquietud en los tribunales de la Provincia: los próximos concursos para cargos jerárquicos.
Durante las elecciones del viernes pasado para la renovación de la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se escucharon voces de alarma respecto de la fecha que había trascendido para la realización de los próximos exámenes de los concursos convocados para la cobertura de cargos jerárquicos. Esas voces, incluso comunicadas en algunos casos por el correo oficial, aludía a que las pruebas de oposición tendrían lugar a partir del 25 de septiembre. No obstante, la información fue rápidamente desmentida por los ámbitos oficiales.
Pero el lunes pasado, la comunicación, ahora emanada de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial, para mayor intranquilidad de los inscriptos, difundió que las pruebas de oposición se receptarán tanto para capital como para el interior provincial, en su totalidad, en la ciudad de Córdoba, bajo la modalidad presencial, a partir del sábado 18 de septiembre. Es decir, una semana antes que la que había trascendido.
Indudablemente, por lo multitudinario y simultáneo (como condiciones para asegurar la suficiente y necesaria transparencia e igualdad de oportunidades), la organización y la ejecución de semejante evento -me consta- ha representado siempre un desafío de suma complejidad.
Sin embargo, es dable tener en cuenta también lo preocupante y estresante que es para los empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias que se someterán a la instancia evaluatoria, ya que de su resultado dependerá, seguramente, la legítima expectativa de sostener la carrera judicial.
Sin poder afirmar que el tiempo transcurrido desde la convocatoria (marzo de 2021), en este particular contexto de pandemia e incertidumbres, haya contribuido ciertamente a una mejor o adecuada preparación de los concursantes, en conocimiento de que con anterioridad, en similares instancias -aunque en tiempos normales-, se estableció como criterio usual y aceptado que el plazo previo del anuncio al de la prueba superara 30 días, es que el tiempo a transcurrir entre la fecha ahora fijada (anunciada el 30/8/21) para el primer examen (18/9/21) resulta para muchos, a estos fines, exiguo. Entre otros, dicho motivo es el que fundamenta el reciente reclamo realizado por el gremio de los empleados judiciales.
Por otro lado, la señalada brevedad acrecienta la afectación especialmente en el caso de los/las concursantes del interior provincial, quienes además de la preparación necesaria deben hacer las previsiones normales en el ámbito de sus realidades personales, familiares, laborales, como también las de sus traslados y alojamientos.
Si el método de los concursos tiende a privilegiar el mérito y la capacidad como demostrativas de la idoneidad para el cargo en aras de una mejor prestación del servicio de justicia, entiendo -a título personal- que disponer un breve diferimiento de las pruebas que contemple una mejor predisposición resultará un buen gesto que, sin dudas, apuntalará dichos objetivos, en un marco de equidad y razonabilidad.
(*) Ex fiscal de cámara en lo Criminal. Ex decano de la Facultad de Derecho de la UCC. Docente de las facultades de Derecho de la UNC y la UCC
