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Buscan debatir antes de fin de año una nueva ley de semillas en Argentina

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El Ejecutivo quiere modificar una legislación vigente en el país desde hace más de 40 años.

El proyecto de una nueva ley de semillas, que actualice la actual normativa con más de 40 años de vigencia, es analizado por los distintos actores del sector agropecuario y puede llegar a tratarse antes de fin de año.

Días atrás, en la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2, de Monsanto, el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, explicó que el Gobierno está trabajando en la redacción de una nueva ley, que en los próximos meses será enviada al Congreso Nacional.

“Hemos tomado la decisión de avanzar, en el transcurso de este año, en un borrador de una ley de semillas, como corresponde a un país que pretende ser líder en la producción de alimentos. Buscamos proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo”, dijo.

Yauhar destacó que ante un panorama optimista para la producción de granos, nuestro país se encuentra “frente a una nueva época, en la cual el Estado tiene que reconstruir un proceso de confianza con los productores y empresarios. Estamos trabajando con todos los integrantes de la cadena de valor agropecuaria argentina”, sostuvo.

Según fuentes oficiales, el actual proyecto fue elaborado por la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y presentado ante los distintos actores de la cadena en unos talleres de trabajo organizados por el Ministerio de Agricultura, que actualmente hacen sus aportes y pulen puntos en los que aún no hay consenso.

El nuevo proyecto, a diferencia de la ley actual, restringe la figura del “uso propio”, que actualmente habilita a que muchos productores utilicen semillas sin pagar las regalías correspondientes, además de favorecer un mercado paralelo.

Si bien todos los miembros de la cadena, que va desde la Federación Agraria Argentina (FAA) a las empresas semilleras y productoras de tecnología multinacionales, coinciden en que hay que actualizar la ley y decidir de otra forma el “uso propio”. Las principales diferencias pasan por el alcance que tendrá y por el futuro pago de regalías.

Por el lado empresarial, hay consenso entre las grandes semilleras, como Nidera y Don Mario, y firmas como Monsanto, que ven con entusiasmo la nueva ley y celebran un nuevo marco normativo, que, según dicen, traerá más inversiones.

Sin embargo, la definición más acotada del “uso propio” genera resistencia en los semilleros multiplicadores, principalmente en la cooperativa AFA y la FAA.

En la actualidad ocurre que, bajo el uso propio, todos los productores vuelven a sembrar con semillas de su propia producción y así ahorran gastos -además de no pagar regalías por esas semillas-.

Este sistema beneficia abiertamente a los pequeños productores, que tienen un acceso libre a la tecnología, pero también favorece a los grandes jugadores que sí están en condiciones de pagar regalías por esa tecnología.

Pese a que el proyecto prevé la creación de un registro de agricultores familiares, que estarán resguardados del pago de esas regalías, la discusión pasa por cómo y quién decidirá los que estarán cubiertos.

Hernán Lattanzi, representante de AFA que participó de los talleres de trabajo del proyecto de ley, explicó que los productores “no pueden consensuar el texto con un piso que no da certezas para nosotros». “Entendemos que la tecnología debe ser compensada, pero nos da incertidumbre, y si bien el proyecto prevé que haya un grupo de agricultores resguardados, no podemos consensuar el texto con un piso que no da certezas, estamos pugnando por una redacción que dé claridad sobre los límites del uso propio”.

A pesar de estas diferencias, en el Ministerio de Agricultura son optimistas respecto a la posibilidad de llegar al Congreso con un proyecto consensuado.

Por el lado legislativo, el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, el formoseño Luis Basterra, consideró que “entre la gente que viene trabajando en las mesas que armó el Ministerio de Agricultura existe una gran expectativa de que salga un proyecto que tenga la posibilidad inédita de ser consensuado y tratado” antes de fin de año.

“La verdad es que esta posibilidad nos pone muy contentos”, concluyó Basterra.

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