Integrantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina reiteraron que no pretenden impedir el alquiler de viviendas para uso turístico, sino que es necesario que éstas compitan en el mercado con las mismas reglas de juego de la oferta legal.
El Comité Ejecutivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) junto con los presidentes de las 63 filiales y los coordinadores regionales expresaron su alta preocupación por la situación de profunda inequidad que desencadena la aparición expansiva de los alojamientos informales.
Los empresarios también manifestaron intranquilidad ante la demora en lograr una solución legislativa para la temática de los derechos intelectuales, aspectos ambos que han contribuido a potenciar la pérdida de rentabilidad de las empresas.
En este marco, la entidad reiteró que no pretende impedir el alquiler de viviendas para uso turístico, sino que es necesario que compitan en el mercado de Viajes y Turismo de Argentina con las mismas reglas de juego a las que está sujeta la oferta legalmente establecida, habilitada y categorizada por los organismos pertinentes.
En este aspecto, la federación solicitó a las administraciones provinciales y municipales, como también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la AFIP, que no eximan a los alojamientos informales -que en su gran mayoría son alquilados a través de Internet- de cumplir las obligaciones fiscales, laborales, mercantiles y de seguridad, higiene o protección al consumidor, que sí se exigen a todos los establecimientos turísticos reglados.
En tanto, el comité ejecutivo advirtió de los graves perjuicios por la falta de regulación que pone en situación crítica a las empresas que representan, causando un daño al empleo, una de las mayores fortalezas de la industria.
Ante la restrictiva regulación, que ya está vigente en otros destinos turísticos mundiales afectados por situaciones semejantes, Fehgra apeló al Gobierno nacional y al poder legislativo nacional a promover un nuevo marco legal más homogéneo e integral coordinado con las provincias y municipios, que deberían encontrar mayores competencias para ordenar y supervisar con rigor la evolución creciente de los alojamientos informales.
Además de incluirse su calificación en materia de edificación, sujeta a los mismos requisitos inherentes a los establecimientos de pública concurrencia en materia de seguridad y protección; Impulsar la aplicación del mismo marco impositivo; solicitar que los sitios – plataformas que actúan como difusores y/o comercializadores de oferta de alojamientos se inscriban como agentes de viajes.; exigirles la aplicación de los mismos protocolos de seguridad nacional; y reiterar en materia de derechos intelectuales la pronta adecuación de la norma vigente que permita, con base en pautas objetivas de razonabilidad y equilibrio de los derechos e intereses de los involucrados.
Por su parte, y respecto de los gobiernos provinciales, la entidad solicitó asegurar un conjunto de garantías mínimas para el huésped respecto de: seguros de responsabilidad, señalización, plan de emergencias y derechos de información; Al tiempo que exigió un detalle mínimo de dotaciones de calidad básica en la limpieza y estado de las instalaciones; y asegurar que se contemple el conocimiento y aprobación previa de los vecinos acerca de la existencia de departamentos para alquiler temporario.
Finalmente, respecto de los gobiernos municipales, la federación plantea exigir una licencia de actividad económica y establecer una zonificación para determinar dónde se pueden ofrecer distintos servicios de alojamiento turístico para no lesionar la convivencia, la capacidad de carga y el deterioro del entorno e imagen externa del destino.
