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La implementación en los 70 mil comercios de la provincia que hoy no utilizan el sistema generaría el tráfico de esta suma. Se calcula que por mes al comerciante le costaría $ 300, entre alquiler del postnet, teléfono y bancarización.
Unos 70 mil comercios de Córdoba deberían implementar el sistema electrónico para realizar operaciones con tarjeta de débito o crédito, de acuerdo con la resolución que en los próximos días dictaría la AFIP, que -según apuntó el organismo- incluye excepciones vinculadas con los comercios minoristas.
Suponiendo que todos los locales comerciales -desde el más pequeño hasta el más grande- estén obligados a incluir este mecanismo de transacción, deberán implementar al menos tres acciones. “Si no está bancarizado, deberá gestionar un alta en alguna entidad bancaria; en caso de no poseer línea telefónica fija también tendrá que adquirirla; para finalmente contratar el servicio de postnet (postal mumeric encoding technique)”, indicó a Comercio y Justicia el gerente general de la Cámara de Comercio de Córdoba, Luis Oliva.
De esta manera, y partiendo de la base que todas las bocas de expendio arbitrarían los medios para ofrecer el cobro electrónico, la decisión movería en Córdoba alrededor de 21.000.000 de pesos por mes.
Se calcula que al comerciante le costará $300 por mes el ofrecimiento de esta alternativa: $120 por la contratación del posnet, $10, aproximadamente el mantenimiento de la cuenta bancaria y el resto, $170, el equivalente al abono de línea telefónica comercial y su respectivo uso.
Esta base integra a la mayoría de los comercios de la provincia de Córdoba, en general de mediana y pequeña envergadura. Es que sólo tiene habilitado el pago electrónico 22% de los 90.000 comercios de la provincia, entre los cuales -se supone- se encuentran las grandes superficies comerciales en los primeros lugares de la nómina.
En este sentido, Oliva opina que, al momento de diseñar la resolución, AFIP deberá fijar una línea de corte o ciertos criterios de habilitación, sobre todo para el caso de los comercios minoristas. “Para un kiosco que puede realizar 500 operaciones por día, de las cuales un buen porcentaje no supera $5 por compra , significaría un gran problema operativo”, explicó.
Por otra parte, agregó que además de obligar al oferente, el Gobierno debería “incentivar y promocionar” aún más al consumidor a pagar en forma electrónica. “Recordemos que de los 39 millones de habitantes del país, sólo 10% utiliza este medio”, justificó el presidente de la Cámara.
Adjudicó el crecimiento de este sistema en los últimos tres años -de 5% al 10% de la población- a las ofertas y descuentos propuestos por los comerciantes y no al beneficio de la devolución de 5% del IVA, impulsado por el Gobierno.
Por otra parte, graficó que “ si lo que pretende el organismo con esta medida es blanquear a los que venden en negro, hay que tener en cuenta que muchos son monotrobutistas, para los cuales los controles pasan por otro lado”.
Según AFIP, la medida, que abarcaría a todos los comercios que emitan factura a consumidor final, pretende además, contribuir a paliar el déficit de billetes y monedas, incentivando las transacciones minoristas sin necesidad de contado.
