ESCUCHARSegún datos que difundió en su cuenta de la red social X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas desde que Javier Milei asumió.
“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente trabaja para ello”, escribió el funcionario, y adjuntó un gráfico la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre, que refleja cómo, mes tras mes, los puestos mermaron.
Según el ministro, 20.026 pertenecen a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.
Indicó además que los mayores recortes (entre los que se incluyen ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones) se produjeron al comienzo de la gestión.
En diciembre de 2023, el Gobierno canceló los contratos de quienes ingresaron a la administración pública durante el mandato de Alberto Fernández y fijó renovaciones solamente por tres meses.
Entre abril y en julio se registró la mayor cantidad de egresos, mientras que en septiembre pasado la disminución fue mucho menor.
El mecanismo lo puso en marcha el primer jefe de Gabinete del liberal, Nicolás Posse, y lo continuó su relevo, Guillermo Francos, ex ministro del Interior.
En cada área del Gobierno se hizo una revisión de personal y en casi todas hubo desplazamientos. A ello se le sumó la reducción de ministerios, la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y la política de recortar en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, el ENACOM, la ANMAT y el INTA.
Recientemente, con el cambio de denominación de la AFIP, que pasó a denominarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se motorizó un ajuste de cargos jerárquicos.
Además, una de las últimas medidas que difundió Sturzenegger fue la de implementar un examen de idoneidad para acceder a la función pública.
