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Bs. As., 5 de noviembre de 2009
VISTO el expediente Nº 15350/09 del Registro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las leyes Nros. 19587 y 24557 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el régimen creado por la ley Nº 24557 y sus modificaciones, denominado de Riesgos del Trabajo, instituyó un sistema de seguro obligatorio por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a cargo de gestoras privadas con o sin fines de lucro, abarcando tanto a los empleadores del sector público como del sector privado.
Que a partir de su puesta en marcha, el citado sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral evidenció su imperfección estructural como instrumento de protección social, lo que originó el estudio de distintas alternativas de superación.
Que en función de ello, mediante el decreto Nº 1278 del 28 de diciembre de 2000 se modificaron algunas previsiones de la ley mencionada, destacándose, entre otras, la inclusión de mayores compromisos en materia de prevención; la mejora de las prestaciones dinerarias; la apertura del concepto de enfermedad profesional según el procedimiento allí previsto; la ampliación del régimen de derechohabientes; la inclusión de un dictamen jurídico en la instancia administrativa de solución de conflictos y la ampliación del destino del Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales; entre otras disposiciones.
Que sin embargo, dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar equitativo, jurídico, constitucional y operativamente sostenible.
Que a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos «Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi SA», de fecha 7 de septiembre de 2004, la instancia judicial fue descalificando, en sucesivos fallos, varias de sus disposiciones por considerarlas inconstitucionales (Milone, Juan Antonio c/Asociart SA, Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente Ley Nº 9688, Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/accidentes Ley Nº 9688, entre otros).
Que el Poder Ejecutivo Nacional se abocó a formular un proyecto de ley modificatorio de las Leyes sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557 (LRT) y de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587, basándose en las directrices que emanan de los fallos mencionados, en las opiniones de los autores especializados y en el relevamiento de las necesidades de los actores del sistema de relaciones del trabajo; todo ello procurando el más profundo y abarcativo consenso.
Que aún resta superar importantes diferencias y por ello debe profundizarse el diálogo entre los distintos sectores involucrados a fin de alcanzar una normativa que resulte superadora de los regímenes mencionados.
Que en ese contexto, tampoco puede desconocerse que una norma que reconozca inspiración en el principio de justicia social, deberá priorizar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. A ese objetivo deben abocarse todos los esfuerzos sin desatender los demás aspectos de tan complejo y polémico régimen.
Que sin perjuicio de lo precitado y a fin de continuar con ese cometido, el Poder Ejecutivo Nacional entiende que el dictado de las medidas que permitan proteger a las víctimas y otorgar previsibilidad para los empleadores, contribuirá a la generación de un marco de paz social.
Que por tal razón, resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio; de acuerdo con las previsiones del artículo 11 inciso 3, de la ley Nº 24557 y sus modificaciones.
Que al mismo fin contribuye la asimilación del cálculo de las sumas correspondientes a la incapacidad laboral temporaria con el de las enfermedades y accidentes inculpables regulados en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, suprimiendo uno de los factores más polémicos e inequitativos que padecía el sistema.
Que a la par de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la prioridad debe centrarse en la restitución de la salud y capacidad del trabajador afectado por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, por lo que deben establecerse mecanismos que permitan un mayor control de la calidad y cantidad de las prestaciones médicas.
Que a su vez, también resulta necesario facilitarles a los damnificados el cobro de sus acreencias, dándoles preferencia al pago mediante las cuentas bancarias abiertas a nombre de ellos, por resultar un procedimiento más ágil y seguro.
Que en otro orden, se estima indispensable disponer el análisis de los costos que componen el régimen de alícuotas con el objeto de reducir su impacto, promover una mayor equidad y favorecer positivamente el tratamiento para la pequeña empresa.
Que asimismo resulta necesario fomentar la creación de aseguradoras de riesgos del trabajo sin fines de lucro, de naturaleza mutual y/o con origen en la autonomía colectiva, teniendo en cuenta que ello puede contribuir a la mejora del sistema de riesgos del trabajo, especialmente en materia de prevención de siniestros, por lo que deben adoptarse medidas en tal sentido.
Que a los fines previstos en el artículo 32 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557 y sus modificaciones, corresponde establecer la equivalencia del valor Módulo Previsional (Mopre) en un treinta y tres por ciento (33%) del monto del haber mínimo garantizado conforme lo estipulado en el artículo 13 de la ley Nº 26417.
Que para ello, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicará el importe actualizado que arroje la aplicación de la equivalencia contenida en el considerando anterior en cada oportunidad que la Administracion Nacional de la Seguridad Social (Anses) proceda a la actualización del monto del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la ley Nº 26417.
Que en la perspectiva del análisis practicado sobre el régimen vigente, resulta imprescindible observar que los numerosos fallos dictados, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la sentencia dictada en autos «Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/accidentes ley 9688», de fecha 21 de septiembre de 2004, como los decisorios emanados de los demás tribunales inferiores competentes, se ha producido, en los hechos, la desactivación de la prohibición contenida en el artículo 39 inciso 1, de la ley Nº 24557 y sus modificaciones; por lo que corresponde adoptar las medidas tendientes para que el organismo competente considere la aprobación de líneas de seguro por responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Que actualmente se encuentran dadas las condiciones económico-financieras generales del Sistema que permiten mejorar las prestaciones dinerarias previstas en la ley Nº 24557 y sus modificaciones, tal como lo dispone el artículo 11, inciso 3º de dicho cuerpo legal.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitucion Nacional, el artículo 11 inciso 3º, de la ley Nº 24557 y sus modificaciones, y el artículo 2º, último párrafo, de la ley Nº 25413 y sus modificatorias.
Por ello,
La Presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:
Incremento de los montos de las prestaciones dinerarias
Artículo 1º. –
La prestación adicional de pago mensual prevista en el artículo 17 inciso 2, de la ley Nº 24557 y sus modificaciones se ajustará en la misma proporción en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley Nº 24241, modificado por su similar Nº 26417.
Capítulo II
Creación del Registro de Prestadores Médico-asistenciales
Art. 7º. – Créase, en el ámbito y bajo la administración de la SRT, el Registro de Prestadores Médico- asistenciales de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el que deberán inscribirse los prestadores y profesionales médico-asistenciales, incluyendo las obras sociales a que hace referencia el artículo 26 inciso 7, de la ley Nº 24557 y sus modificaciones.
La SRT establecerá la información que deberá incluirse en el mencionado registro y relevará la estructura y la complejidad de los establecimientos de los prestadores y profesionales médico-asistenciales que brinden servicios para una ART o un empleador autoasegurado, con el fin de establecer si se encuentran en condiciones de otorgar las prestaciones previstas en la ley Nº 24557 y sus modificaciones, con los estándares mínimos de calidad y especialidad requeridos en la materia, como condición de permanencia.
Los distintos actores del Sistema de Riesgos del Trabajo, por sí o por quienes legalmente los representan, tendrán acceso a la nómina de prestadores y profesionales inscriptos en el registro.
La inscripción en el registro no releva a los prestadores profesionales y obras sociales de contar con las matrículas y habilitaciones que se requieran por parte de la autoridad sanitaria y municipal que corresponda.
Disposiciones sobre el pago de prestaciones dinerarias
A estos fines, el BCRA establecerá las condiciones de funcionamiento de las cuentas respectivas.
Medidas relativas a la gestión y cobertura de las prestaciones del Sistema de Riesgos del Trabajo
Asimismo, los citados entes deberán adoptar los recaudos necesarios para que las ART, en el diseño de su régimen de alícuotas, ajusten su configuración a los indicadores contenidos en el artículo 24 de la ley Nº 24557 y sus modificaciones, promoviendo condiciones favorables para su acceso por parte de las pequeñas empresas y evitando cualquier tratamiento diferenciado en su perjuicio.
Disposiciones finales
Art. 15°. – Establécese, a los efectos del artículo 32 de la ley Nº 24557 y sus modificaciones, la equivalencia del valor Módulo Provisional (Mopre) en treinta y tres por ciento (33%) del monto del haber mínimo garantizado, conforme lo previsto en el artículo 13 de la ley Nº 26417. La SRT publicará el importe actualizado que surja de aplicar la equivalencia contenida en el párrafo precedente, en cada oportunidad que la Anses proceda a actualizar el monto del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la ley Nº 26417.
