ESCUCHAREl Gobierno ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes y quitará los planes sociales a quienes corten calles. Las presentaciones judiciales se multiplican reclamando la derogación de lo que consideran es la criminalización de la protesta social. La Provincia de Buenos Aires anticipó que no complirá con los dispuesto por la Nación y en Córdoba se aplicarán normas prácticas propias
La Unidad Piquetera realizará este miércoles la primera manifestación en contra de las medidas de ajuste ecónomico anunciadas en los últimos días por el Gobierno de Javier Milei, en un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que derivaron en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
La movilización fue confirmada pese a las amenazas del Gobierno de quitarle los planes sociales a quienes corten las calles y aplicar a rajatabla el “protocolo de Orden Público” anunciado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se estima que entre 30 y 40 mil personas participarán en Buenos Aires de la movilización que se replicará en diferentes provincias.
La movilización tendrá como consigna “abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”; “No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización”.
Como estrategia, las organizaciones anticiparon que los manifestantes estarán acompañados de abogados y dirigentes de Derechos Humanos con el propósito de evitar detenciones.
Desde el Polo Obrero, “Chiquito” Belliboni, remarcó que “habrá muchísimas marchas” y desafió al Gobierno a que se atreva a desalojar a las miles de personas que llegarán encolumnadas a Plaza de Mayo. “¿50 mil personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio”, dijo.
Belliboni calificó como “amenazas” lo dispuesto en el protocolo y puntualizó que la Constitución brinda “protección al derecho de protesta”. “Hubo un cambio de gobierno, no del régimen político”, remarcó.
Cumplir la ley
Aunque desde el Gobierno nacional ratificaron que la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley, desde la provincia de Buenos Aires anticiparon que no aplicarán el protocolo.
“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
El ministro bonaerense también rechazó la posibilidad de que a quienes participen de cortes de calles se les quite la asistencia social.
“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.
¿Y en Córdoba?
El fiscal de instrucción Ernesto de Aragón afirmó que el protocolo antipiquetes que lanzó Patricia Bullrich «no es aplicable en la provincia». «Nosotros venimos manejando desde hace varios años normas prácticas propias«, explicó.
Opinó que el protocolo propio «viene funcionando bastante bien» y que «se va a seguir aplicando independientemente que pueda ser revisado».
Para De Aragón, «el solo hecho de transitar por la calle en una manifestación» tampoco constituye un delito. «Sí lo es un corte deliberado como forma de visibilizar esa protesta, son cosas distintas», aclaró.
Indicó que «por lo general» en Córdoba se logra «el equilibrio» entre marchar y que continúe abierta la circulación vehicular.
Presentaciones judiciales
Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentaron un pedido ante la jueza federal María Servini para suspender y declarar inconstitucional el protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Es urgente que la Justicia dicte una medida cautelar suspensiva e invalide ese engendro represivo e inconstitucional”, apuntaron desde el MST.
En la misma sintonía, un día antes de la protesta, el abogado Daniel Valmaggia presentó ante la Justicia otro recurso de amparo y una medida cautelar pidiendo que el protocolo se suspende en forma «inmediata».
La presentación recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Número 3 a cargo de Santiago Carrillo.
«Realicé la presentación por propio derecho, como ciudadano que quiere manifestarse en forma pacífica, porque virtualmente con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darle a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos», explicó Valmaggia.
Por su parte, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público.
Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.
Según se precisó, se enviaron dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo.
Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.
