ESCUCHARA los tres encartados se les enrostra haber adjudicado servicios de auditoria para empresas petroleras por casi 10 millones de pesos entre 2010 y 2013. La causa volvió al juzgado de origen luego de que la Casación Penal dejara sin efectos sus sobreseimientos
En Neuquén, el Juzgado Federal Número 2 procesó (sin prisión preventiva) y embargó a tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que integraban el área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT), por la comisión de delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoria para empresas petroleras.
En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) interviene María Cristina Beute, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El sentenciante incriminó a los encartados como coautores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Lo hizo luego de que en febrero pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hiciera lugar al recurso que promovió el MPF y revocara la confirmación de sus sobreseimientos por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky devolvieron la causa al determinar que la pesquisa está incompleta y que el a quo, primero, y la Alzada, luego, le pusieron fin al proceso “mediante una resolución que no abarcó la completa dimensión de los elementos obrantes en la causa”.
Secretaría de Energía
La instrucción comenzó a raíz de una denuncia realizada el 15 de septiembre de 2014, por la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, que fue beneficiada de forma reiterada con acuerdos para prestar servicios petroleros desde el 2010 al 2013 sin seguir los parámetros legales y principios que guían la contratación del Estado.
De acuerdo con las constancias del caso, la función específica de la OAT era interactuar con operadoras hidrocarburíferas (OH) en representación de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, para ofrecer y coordinar la contratación de los servicios de auditoría requeridos por las OH.
La OAT tenía la función de llevar adelante, con recursos propios o mediante la contratación de terceros, la efectiva prestación de los servicios de auditoría, así como facturarlos a las OH y elaborar los informes a ser presentados por la alta casa de estudios ante la Secretaría de Energía de la Nación.
La Fiscalía detectó que entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 fueron adjudicadas a la Facultad de Ingeniería de la UNCo la realización de auditorías para YPF y, en fecha no precisada, también para Petrobras e YPF GAS.
Monto
Según se estableció, el monto de ejecución total de los contratos suscriptos entre la facultad y las empresas hidrocarburíferas fue de casi 10 millones de pesos.
Los hechos que la fiscal les imputó a los funcionarios universitarios consistieron en la sistemática elección, en el marco de un convenio marco y en forma directa e irregular, a una determinada empresa para la realización de las auditorías requeridas por las petroleras, existiendo otras elegibles que fueron dejadas de lado.
Sin embargo, en un primer momento la imputación que pesó sobre ellos fue descartada por el Juzgado Federal Número 2 de Neuquén, que encuadró las contrataciones cuestionadas en el marco de un acuerdo de colaboración y no bajo los principios que regulan la contratación del Estado.
El fallo del a quo fue apelado por la fiscalía y el 30 de agosto del año pasado la Cámara de General Roca lo confirmó y sobreseyó a los tres funcionarios al considerar que los hechos investigado no fueron delitos.
La representante del MPF recurrió con éxito ante la máxima instancia en lo penal federal.
