Un millón de pesos por daño moral a víctima de abuso policial

El tribunal de alzada elevó el monto por el rubro en cuestión, bajo el argumento de dar cumplimiento a la función preventiva de la condena

La Cámara 5ª en lo Civil y Comercial de Córdoba admitió el agravio presentado por el accionante, víctima de una situación de abuso policial en la cual resultó herido por el arma de fuego reglamentaria que portaba el policía codemandado, quien se encontraba de franco. En virtud de ello, el tribunal elevó a un millón de pesos la condena por daño moral a la cual se lo condenó al codemandado y al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. [privado]

En el juicio que admitió parcialmente la demanda interpuesta por Jorge Luís Alfaro contra del agente policial Walter Damián Perfumo y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba se cuestionó la cuantificación del daño moral, fijada en $500.000, por considerarla insuficiente.

El demandante argumentó que el padecimiento que afrontó al recibir un disparo de arma de fuego por la espalda y las peripecias que soportó al estar en la cárcel y tener que sufrir el armado corporativo de una causa en su contra por la Policía de la Provincia de Córdoba demuestran que el resarcimiento obtenido resultaba exiguo.

Alfaro pretendía como resarcimiento por daño moral se condene a los demandados a pagar $300.000 al día 24/04/2008, debiendo ser elevada a $1.000.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia.

Cuantificación

La cámara integrada por Claudia Zalazar -autora del voto- y Joaquín Ferrer señaló que la cuantificación del daño moral es un tema que “presenta serias dificultades, porque la valoración depende de dos planos de subjetividades, una es la del sujeto que lo padece a la que nadie puede acceder -ya que solo cada uno sabe su propia medida- y otra, la del juez quien valorará cómo cuantificará el dolor ajeno sin conocer objetivamente en qué consiste y cuál es su dimensión, salvo lo que él mismo podría sentir (‘precio del dolor’ y ‘precio del consuelo’)”.

A tales fines, la alzada tuvo en cuenta que los daños sufridos por el actor fueron indudablemente de importancia, en atención a que recibió un impacto de bala por la espalda –cuestión que no se encuentra controvertida- disparado por un agente policial que no se encontraba prestando servicios en el momento del hecho -estaba de “de civil”-.

El fallo recordó que la a quo destacó que “el actor contaba con sólo 21 años al momento del hecho dañoso; que sufrió las lesiones relacionadas al tratar los rubros precedentes –secuela de herida de arma de fuego transfixiante abdominal, intervenida quirúrgicamente, con hipotonía severa de la pared abdominal post laparatomía-” y “trastorno por estrés postraumático con manifestación fóbica”, amén de que las lesiones ocasionadas pusieron en serio riesgo su vida.

La alzada apuntó que es el propio demandado Perfumo quien reconoce al contestar la demanda que en todo momento actúo en su calidad de policía -vestido de civil- pese a no encontrarse de servicio.

Asimismo, la Cámara resaltó el Informe médico del doctor Omar Franciso Hiruela, del Departamento Medicina Legal de la Policía Judicial, quien, constituido en el Hospital de Urgencias a requerimiento de la Unidad Judicial Nº 13, consignó que el actor se encontraba en estado reservado y que el daño ocasionado a su salud era “grave”, que estaba “en peligro su vida” y que el hecho “le afectó piel, tejidos blandos, parénquima hepático, bazo, estómago y diafragma (…)”, quedando su incapacidad fijada en 47,5%.

Circunstancias

Bajo esas premisas, la Cámara destacó las circunstancias que rodearon la causa, subrayando la modalidad en que ocurrieron los hechos, y también, las condiciones personales del sujeto activo del daño reclamado en autos.

En ese marco, el fallo indicó que “no resultó inocuo la calidad de miembro de las fuerzas de seguridad provinciales del demandado, y la diligencia adicional que ello conlleva, habida cuenta que pertenece a una institución que concentra el monopolio de la fuerza legítima del Estado”.

En esa dirección, la alzada apuntó que es el propio demandado Perfumo quien reconoce al contestar la demanda que en todo momento actúo en su calidad de policía -vestido de civil- pese a no encontrarse de servicio, derivando que el demandado se excedió en el uso de la fuerza causando un grave daño al actor, y; por otra parte, que pese a encontrarse de “franco” o de “civil”, el referido se encontraba sujeto a los mismos deberes que recaen sobre un agente en servicio.

Así, el decisorio sostuvo que el accionar del demandado extralimitó las vías de hecho que resultaban menester en las circunstancias que se ventilan en autos, derivando en el menoscabo a la integridad del actor, poniendo en riesgo su vida, resaltando que no se acreditó en autos el obrar defensivo que alega el demandado, tendiente a repeler el supuesto ataque que sufriera de parte del actor.

Reproche

Definida esa cuestión, la resolución interpretó que el daño fue cometido con el arma reglamentaria que le fue asignada al codemandado Perfumo para el cumplimiento de su función, “lo que aparece merecedor de mayor reproche, pues no solamente contaba con un grado de instrucción que le permitía mejor comprensión de las circunstancia en que se encontraba, sino que además debe resaltarse que quien tenía como deber el cuidado de la población consumó un hecho que claramente contravino dicha manda, quedando en evidencia el exceso cometido en su función”.

Por consiguiente, el tribunal infirió que “de los extremos mencionados se sigue que el estado de vulnerabilidad e indefensión en que fue puesto el actor al ser agredido por un agente profesionalizado de las fuerzas de seguridad, resulta un mérito más que suficiente a los fines de acoger el recurso impetrado en relación al rubro daño moral”.

Función

De igual modo, la Cámara consideró que “no sólo debe tenerse en cuenta la función resarcitoria del derecho de daños sino también su función preventiva, es que debe hacerse lugar al cuestionamiento formulado por el actor a los efectos de reparar el menoscabo padecido y, asimismo, desalentar futuras conductas similares reñidas con el ordenamiento jurídico en los términos que fuera señalado precedentemente”.

En ese marco, en el fallo se resolvió acogerse el agravio y “habida cuenta que el apelante requiere en la expresión de agravios que la suma dispuesta en primera instancia en relación al rubro de referencia, se eleve al monto de $1.000.000 (...)”, debiendo disponerse “con el interés correspondiente a la tasa del BCRA con más el 2% mensual, desde la fecha de la Sentencia de primera instancia y hasta su efectivo pago”.

Autos: “ALFARO, JORGE LUIS C/ LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRO –ORDINARIO– DAÑOS Y PERJ. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL - EXPTE Nº 4933175”