ESCUCHARLuego de haberse apartado numerosos funcionarios, finalmente Alejandro Carballo se hará cargo de la denuncia contra su colega de Río Cuarto acusado de extorsionar a un acusado. Otros damnificados aseguran haber sido víctimas de «aprietes» similares
El fiscal de Instrucción de 2° turno de Río Tercero, Alejandro Carballo, quedó a cargo de la investigación que involucra a su colega de Río Cuarto, el fiscal Daniel Miralles.
Una denuncia por extorsión contra éste fue formulada hace casi un mes por la abogada Rosa Sabena, conocida «madre del dolor» y abogada de Gonzalo Gambero.
Sabena acusa a Miralles de intentar extorsionar a su cliente exigiéndole una abultada suma de dinero a cambio de modificar la acusación con que elevaría la causa a juicio por la muerte de su hijo, ocurrida en 2017. Gambero está acusado de haber asesinado a su bebé de cuatro meses, aparentemente como consecuencia de un violento zamarreo (también conocido como “síndrome del bebé sacudido”). El joven padre siempre sostuvo que es inocente y pidió que también se investigara a la madre de la criatura, Lucrecia Piñeiro, y a la niñera, Nancy Gómez Palta.
Según se relata en la denuncia, antes de elevar la causa a juicio Miralles habría enviado a una abogada del foro de Río Cuarto a convencer a Sabena de que dejara de representar a Gambero y delegara el caso al ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien podría cambiar la acusación de homicidio calificado agravado por el vínculo, a homicidio culposo.
Sabena relató que, después de que se hizo pública la denuncia contra Miralles por extorsión, recibió en su estudio a varios otros damnificados por conductas similares. «Hemos tenido un efecto cascada porque se han presentado muchas personas -algunas muy humildes- que sufrieron lo mismo que Gambero. Algunos van a declarar como testigos. Se van a realizar nuevas denuncias por comportamientos similares, «aprietes» de Miralles. Y los que no pusieron dinero están en la cárcel», explicó Sabena al diario Puntal.
A raíz de la denuncia, la Fiscalía General de la Provincia ordenó investigar el tema pero ninguno de los fiscales del sur de Córdoba aceptó la instrucción de la causa, amparándose en la relación de amistad que mantienen con el acusado. Así, se excusaron los cuatro magistrados de los tribunales de Río Cuarto, el de La Carlota y el de Laboulaye.
