El Ejecutivo se compromete a proveer de la herramienta de la Cámara Gesell al fuero federal, para evitar la revictimización de las personas rescatadas. También fortalecerán el Servicio de Antropología Forense
El fallo que absolvió a los sospechosos del secuestro y explotación sexual de Marita Verón fue el detonante de la modificación de la ley 26364, contra la trata de personas. Entre otras cuestiones, la normativa modificó sustancialmente el modo en el que las víctimas del delito de trata de personas deben ser escuchadas durante el proceso penal, mediante la regulación de un procedimiento especial para recibir su declaración testimonial, lo que implica un reconocimiento procesal de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas.
De esta manera, se establece que éstas deben ser entrevistadas por un psicólogo designado por el Tribunal y, cuando se contare con los recursos necesarios, deben ser recibidas en una cámara Gesell. Pese a que la norma es clara, la justicia sigue teniendo muchos problemas a la hora de hacer efectivos estos derechos. La justicia Federal de Córdoba no cuenta -por ejemplo- con la herramienta de la Cámara Gesell.
En este contexto y tras advertir las falencias que impiden dotar de mayor eficacia la investigación de los casos de trata de personas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional que involucra tanto a la justicia Federal como a la provincial.
En virtud del acuerdo, el Ejecutivo se compromete a proporcionar a la Justicia Federal de Córdoba el uso de cámaras Gesell existentes en los diferentes ministerios de la Provincia, consideradas esenciales para evitar la revictimización. Asimismo, también se podrá acceder al sistema de videoconferencias instalado en organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El convenio dispone también la colaboración presupuestaria con el Poder Judicial para el fortalecimiento del Servicio de Antropología Forense y del Centro de Genética Forense y permitirá que la Justicia Federal pueda pedir la colaboración de la Provincia para identificar cadáveres y así determinar si corresponden a víctimas de trata. En lo que respecta a este último punto, no sólo comprenderá a Córdoba sino también a La Rioja, donde la Cámara Federal tiene jurisdicción, indicó a Comercio y Justicia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo.
Mediante este acuerdo, los cadáveres que pasan al osario común por no ser reclamados podrán ser analizados. Se esperan para el futuro inmediato convenios con el resto de las provincias, que posibiliten una rápida identificación de restos. “Necesitamos de la articulación y el trabajo conjunto para enfrentar lo que el papa Francisco ha calificado como una verdadera plaga: la trata de personas, que es la nueva esclavitud”, afirmó.
Subrayó que “esto contribuye a tener una rápida y eficaz intervención de la justicia penal, a que se esclarezcan los delitos y a que se aplique el condigno castigo a los responsables. Además, no es un tema menor procurar una satisfacción rápida al dolor de las víctimas.
Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres, indicó que el convenio es importante para la Justicia Federal: “Porque tenemos acceso al uso de las cámaras Gesell, al registro de datos de ADN y de restos óseos y de otros que nos van a permitir realizar con mayor eficacia la lucha contra la trata”.
Por su parte, la titular del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, destacó que “las áreas que van a intervenir son muy expertas, integradas por personas de larga trayectoria que trabajan con un gran compromiso. El registro de restos de personas no individualizadas ha sido el primero en el país a fin de tratar de tener una identificación que posibilite, el día de mañana, que los familiares que están buscando a esas personas, las puedan encontrar”.
De igual forma, pondrá a disposición del Poder Judicial y de la Justicia Federal de Córdoba -mediante la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas- la Guía de Recursos Institucionales para asistencia a víctimas del delito de trata y explotación de personas en la provincia de Córdoba.
