Trabajador despedido seguirá contando con obra social para ser tratado por adicciones

El tribunal concedió la cautelar solicitada por el demandante, en la que se evalúa si hubo una cesantía discriminatoria. En la decisión se valoraron las razones de salud mental que implica el consumo de estupefacientes

El Juzgado 1º Civil y Comercial, Laboral y Familia de Jesús María, Córdoba, ordenó a la Cooperativa de Servicios Públicos de esa ciudad que siga brindando cobertura al accionante, quien alegó haber sido despedido de manera discriminatoria por su adicción a las drogas. La prestación deberá ser efectuada por la obra social o prepaga con la que contaba y por el plazo de un año, sin perjuicio de su posterior prórroga.

La decisión fue asumida por el juez Luis Belitzky. El demandante reclamó como tutela anticipatoria que se condene a la demandada a reinstalarlo en el puesto de trabajo que ocupaba, afirmando que su cesantía fue discriminatoria al disponerse por razones de salud. Además, reclamó los haberes caídos desde el despido, la licencia por enfermedad inculpable y la atención de la obra social por el tiempo necesario para su cura o mejora de su adicción.

El magistrado sostuvo que la pretensión del requirente encuadra en las medidas cautelares, tutela anticipatoria que tiene por objeto “adelantar” el resultado del proceso cuando concurren los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que puede insumir la tramitación contradictoria de aquél.

Casi certeza

Al respecto, el tribunal recordó que tal medida suele requerirse cuando existe una casi certeza en el resultado del proceso o, en el caso de autos, una ilegitimidad tan manifiesta en el despido que permita al magistrado asumir el juzgamiento de la causa.

Belitzky valoró que la relación laboral entre actor y demandada se encuentra acreditada pues ésta lo despidió, destacando que lo que sí se encuentra controvertido en autos es “la causa” del despido, cuestión que se debate en la acción principal, y a esta altura del proceso no se cuenta con elementos de convicción suficientes para determinar el motivo real del despido;.esto es, si fue discriminatorio o bien por las causales invocadas por la demandada en el acta notarial por la que se notificó.

Asimismo, el juez consideró que la causa del despido y las condiciones en que se produjo no pueden ser valoradas en esta instancia, siendo motivo de análisis por la cámara de juicio, observando que en esta oportunidad no se cuentan ni se reúnen los requisitos que justificarían una orden de reinstalar al trabajador.

Proceso

El sentenciante sostuvo que consta que D. A. F. sufre una adicción al consumo de drogas, respecto de la cual encaró un proceso terapéutico de rehabilitación, y valoró que es una persona que, en la medida que pueda sostener y avanzar en su tratamiento, puede afrontar al menos estadísticamente una larga vida.

Además, el magistrado expuso que “no se necesitan más que mínimos datos de realidad para conocer que a las personas que sufren una adicción a determinada sustancia cuyo consumo excede el ámbito farmacológico se les dificulta insertase en el mercado laboral regular y seguir determinadas pautas de conducta que nos impone la sociedad, y que el tratamiento de rehabilitación de la drogadependencia lleva implícito un costo elevado en dinero, tratamientos, medicamentos, etcétera, otros costos de difícil cuantificación, la necesidad de acompañamiento familiar, la no discriminación de la sociedad, la imposibilidad temporal de llevar adelante el trabajo bajo una relación de dependencia, etc.”.

Argumentos

En razón de los argumentos ensayados, con base en ese principio de realidad y en el de tutela judicial efectiva diferenciada, el juez sostuvo que, ante la situaciones como las de autos, en las que no se controvierte que D. A. F. ha trabajado en relación de dependencia para la demandada con anterioridad al despido, y en las que sí se controvierte tal acto, “y sin que signifique adelanto de opinión acerca de la procedencia de la demanda, considero que se debe conceder al D. A. F., la medida cautelar”.

Por ello, el magistrado condenó a la Cooperativa de Servicios Públicos a que en el plazo de cinco días de notificada la decisión brinde cobertura médica al demandante en las mismas condiciones que al tiempo de producirse el despido, por intermedio de la obra social o medicina prepaga con que contaba, por el plazo de un año y sin perjuicio de su posterior prórroga si corresponde en derecho, debiendo acreditar en debida forma, todo bajo apercibimiento de aplicar astreintes a razón de 3 jus por cada día de demora (art. 804 del CCC); y con obligación de D. A. F. de acreditar mensualmente en autos que mantiene su tratamiento con indicación específica de su evolución, bajo apercibimiento de revocar lo aquí ordenado.