Título y ejercicio de una profesión no aseguran, por sí solos, ingresos de envergadura

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, La Pampa , resolvió que procede otorgar el beneficio de litigar sin gastos (BLSG) a una persona que posee título universitario y ejerce una profesión, toda vez que tales circunstancias no aseguran, por sí solas, un ingreso de envergadura determinado sino que éste debe ser acreditado

En autos "C. M. M. s/ Recurso de Apelación", en primera instancia se rechazó conceder el beneficio en cuestión, solicitado por la mujer para tramitar las acciones de divorcio, liquidación de sociedad conyugal y medidas cautelares relativas al patrimonio de la sociedad, y se le impusieron las costas del proceso.

La accionante apeló argumentando que el juez a quo no valoró correctamente la prueba aportada y no tuvo en cuenta la referencia concreta realizada en cuanto a la necesidad de recurrir a la petición beneficiaria.

La sala integrada por las juezas Carina Ganuza y Fabiana Berardi le dio la razón y destacó que la peticionante demostró consumos con la tarjeta de crédito que fueron abonados en cuotas, lo que “da cuenta de la falta de liquidez para afrontar el total de esos gastos, los que debieron ser de tal manera financiados”.

En esa dirección, las magistradas consideraron que la circunstancia de que la peticionante sea profesional y resulte titular de tarjetas de créditos y cuentas de ahorro (con movimientos y montos muy escasos) “son extremos que no revelan una capacidad bastante para hacer frente a la erogación de que se trata, y es presumible -en términos de razonabilidad- que ella pueda provocar un serio menoscabo en la situación patrimonial del peticionario".

En ese orden de ideas, la alzada también destacó que el hecho de que “una persona posea título universitario y ejerza su profesión son circunstancias que no aseguran por sí solas un ingreso determinado”.

En el fallo se evaluó que la mujer tiene ingresos derivados de la tarea docente pero que no son habituales, y que tampoco pudo renovar el alquiler de su estudio por tener a cargo a sus hijos, por lo que, para el tribunal, “deben ser considerados los gastos de la vida cotidiana (manutención diaria propia y del grupo familiar) del que se hace cargo la apelante”.