Suspenden ejecución de garantía que ofreció ex concesionaria del estacionamiento medido

La cámara entendió que la empresa Movipark puede verse afectada en sus derechos patrimoniales, por lo que tenía derecho a defenderse de los actos que le endilgaron para decretar la caducidad de su contrato con la Municipalidad de Córdoba

La Cámara 2ª Contencioso-administrativa de Córdoba hizo lugar a la cautelar que ordena la suspensión provisoria de la ejecución de la garantía de ejecución del contrato solicitada por Movipark SA, empresa que había sido concesionaria del servicio de estacionamiento de la Municipalidad de Córdoba, hasta tanto se resuelva la acción que persigue la declaración de ilegitimidad de todos los actos que dieron lugar a la caducidad del contrato de concesión.

La ex prestataria alegó que, de no hacerse lugar a la medida solicitada, al ejecutarse la garantía en cuestión se le produciría un grave daño.

La alzada integrada por las vocales María Inés Ortiz de Gallardo y María Puigdeliboll analizó la resolución que dejó sin efecto la concesión referida, requiriendo la suspensión del artículo 2 de la resolución Nº 141 (21/04/2021) y 3 del decreto Nº 73 (17/03/2020), relacionados a la garantía de ejecución del contrato, atento a que el cobro de esa suma millonaria implicará un grave daño a su patrimonio.

Constancias

De las constancias de la causa, la cámara observó que la parte actora solicitó que la demandada no innovara respecto al estado de ejecución mencionada hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados, siendo el objeto de la pretensión cautelar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado en esta acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, que ordena la ejecución de la garantía de caución.

En orden a lo descripto, las juezas advirtieron que la pretensión de la actora se ceñía estrictamente a la suspensión de la ejecución de la garantía prevista en el artículo 16 del contrato de concesión, derivando que es posible observar que el grave daño que invoca está referido en su totalidad a una cuestión estrictamente patrimonial.

Así, del análisis de la gravitación económica, tanto para los intereses particulares de la actora, cuanto para el interés público, infirió el tribunal que no está objetivamente acreditado con elementos de juicio -que pudieron haberse agregado a estas actuaciones-, el impacto desfavorable y mensurado de la ejecutoriedad de la caución sobre el patrimonio de la accionante.

Sin embargo, el fallo observó que la genérica afirmación de la parte actora en el sentido de que “el grave daño (…) es la fulminación de su patrimonio; que quedaría en quebranto en la hipótesis de ejecución de la póliza”, es posible situarla y relacionarla en el contexto de los grandes valores económicos inherentes al contrato de concesión del servicio rescindido por culpa de la contratista y al monto al que asciende la garantía de ejecución del contrato ($10.000.000)”.

A ello la decisión añadió que “las consecuentes acciones de repetición que iniciará la compañía aseguradora, traerán aparejado para Movypark un daño irreparable”, lo que es una cuestión de puro derecho frente a la dinámica funcional de las obligaciones recíprocas asumidas por el tomador y la aseguradora.

Análisis

Por lo expuesto, en el pronunciamiento se consideró: “Si en el análisis situado y particularizado al tipo de contrato administrativo de que se trata, se advierte que la impugnación que integra el objeto de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, va dirigida a cuestionar, precisamente, los incumplimientos contractuales y la culpa de la actora en ellos, la envergadura de los valores económicos en juego, permiten analizar que es posible aplicar un estándar de razonabilidad, que fundado en estas especiales circunstancias, permita a la vez de salvaguardar la integridad del ejercicio del derecho de defensa de las partes mientras se sustancia el proceso”.

En consecuencia, la cámara concluyó que se justificaba la procedencia parcial de la pretensión cautelar y se ordenó la suspensión de los efectos de los actos impugnados, en cuanto declararon expedita la ejecución de la garantía de ejecución del contrato sólo con relación a un porcentaje que es proporcional fijarlo en 50% del monto de caución.

Con relación a la contracautela, en la sentencia, se estimó justo y razonable admitir la ofrecida por la empresa, consistente en la póliza de seguro de caución librada por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, por $10 millones.