ESCUCHAREl fiscal Andrés Godoy solicitó el sobreseimiento de una mujer acusada de usurpación, que es madre y sostén de familia, con cinco hijos menores de edad y víctima de violencia de género.
Durante la investigación se pudo comprobar que «la imputada se encuentra al cuidado exclusivo de cinco niños, e incluso, su hija menor de edad, es madre también y vive en la misma casa y presumiblemente puede suponerse que está económicamente a su cargo», explicaron en la fiscalía.
Al hacer el planteo, el fiscal Godoy sostuvo que la situación corroborada «constituye un indicador que permite sostener que estamos ante un caso que requiere perspectiva de género en su abordaje y resolución».
En esa línea, la resolución señaló que «debe prestarse atención a los estereotipos relacionados con los denominados roles sexuales, en tanto que son las mujeres las que mayoritariamente asumen la responsabilidad de cuidar de otros, muchas veces de manera exclusiva […] La naturalización y aceptación de los estereotipos a los que deben adecuarse hombres y mujeres pueden legitimar, perpetuar e invisibilizar tratos diferenciados ilegítimos».
Además, se agregó que «constatadas las condiciones personales alegadas por la imputada y valoradas además en el marco de las problemáticas antes mencionadas, se podría afirmar que nos encontramos ante un supuesto de estado de necesidad exculpante«.
En ese marco, la fiscalía entendió que «la imputada fue víctima de violencia por razones de género, al punto que su ex pareja fue aprehendido por tal motivo». También sostuvo que, al tratarse de una persona que no ha podido terminar el nivel secundario, con cinco hijos a cargo que implican una gran limitación a los horarios para acceder a un trabajo, «subsiste a partir de beneficios asistenciales”. “Los estereotipos presentes en la división de trabajo por sexo pueden dificultar a las mujeres el acceso a recursos materiales y sociales, lo que perpetúa situaciones de dependencia y vulnerabilidad», se advirtió.
El funcionario judicial aclaró que de ninguna manera corresponde que los particulares puedan solucionar sus problemas habitacionales usurpando inmuebles, pero remarcó que «es deber del Estado procurar satisfacer y cubrir la necesidad de una vivienda digna».
