Sigue la polémica por el descarte de embriones no implantados

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil autorizó al matrimonio a desecharlos y advirtió de que no se necesita autorización judicial para que el procedimiento se lleve adelante si hay acuerdo entre las partes. En mayo, otra sala se había pronunciado en sentido opuesto

¿Son personas los embriones no implantados y gozan del derecho a la vida? El vacío legal en Argentina sigue generando fallos contradictorios y la Justicia no termina de fijar un criterio en la materia.

Recientemente, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó una sentencia a favor de una pareja que se separó y requería poder desechar los embriones conseguidos mediante técnicas de reproducción humana asistida, y poner fin así a la relación contractual con la clínica que los criopreservaba.

Los magistrados consideraron innecesario que se llevase adelante un trámite de autorización judicial y tener que pronunciarse sobre el tema cuando ambas partes estaban de acuerdo sobre el futuro que querían darle a esos embriones .

De esta manera, los jueces Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez se pronunciaron en contra de la decisión que se había adoptado en primera instancia.

Según se expuso en el expediente, la pareja criopreservó embriones producidos por un procedimiento de reproducción asistida pero en 2018 decidieron poner punto final a la convivencia y, transcurridos tres años desde ese entonces, concluyeron que no volverían a la relación ni intentarían tener más hijos juntos .

El centro de salud, sin embargo, les informó que sólo podían interrumpir la criopreservación de embriones con una autorización judicial porque ese tema "no se encuentra legislado".

La sentencia de primera instancia rechazó el pedido de autorización. El caso llegó a la Sala I, donde los jueces destacaron que el contrato que vincula a las partes “obedece a su voluntad procreacional y al ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que a todas luces provoca que, ante el cese de esa voluntad procreacional que los vinculó con la clínica, finalice el contrato” .

“Al ser ello así, el cese de la voluntad procreacional que se concreta en la decisión de no tener más hijos y -además- tener por finalizado el plan de vida y proyecto en común, decanta en el derecho que detentan a finalizar el contrato relacionado con ese propósito, bastando a tal efecto -conforme lo acordado en el contrato- la comunicación por escrito a la clínica”, explicaron los magistrados.

El fallo agregó que el punto de inflexión es que cuando la ley habilita la creación y criopreservación de embriones y garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, está atendiendo al respeto por el proyecto de vida y la voluntad procreacional. De modo que si ello importa la criopreservación de embriones, tal prestación es viable mientras tanto se mantenga la voluntad procreaciona l.

La cámara aclaró que “no se desconoce el profundo debate que suscita a nivel social la existencia y futuro de los -al menos- cuarenta mil embriones de los que dan cuenta las publicaciones periodísticas de este país”. Pese a todo advirtió: “ Ese dato y las sensibilidades que puedan rodear al tema desde la faz interna de cada individuo no pueden ser trasladados al ejercicio de la magistratura” .

Qué dijo la Corte Interamericana

En lo que refiere a la situación jurídica del embrión, la cámara destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en el caso “A. M. y otros (fertilización in vitro) versus Costa Rica” -en adelante “A. M.”- el 28 de noviembre de 2012, c oncluyó que el embrión in vitro no puede tener la misma protección de una persona humana , es decir, no le cabe la protección derivada del derecho a la vida prevista en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concretamente expresó que “la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión no implantado carece de tal equiparación y protección en el carácter de ‘persona”, y también aseveró que las técnicas de fertilización in vitro son válidas al permitir el cumplimiento de la protección de varios derechos humanos, como el derecho a formar una familia, a gozar del desarrollo de la ciencia médica y a la libertad reproductiva.

Esta decisión, contrariamente a lo sostenido en la instancia de grado, es vinculante para Argentina porque la jurisprudencia de la CIDH integra el llamado “bloque de la constitucionalidad nacional”. Se trata pues de aplicar “en las condiciones de su vigencia” al que alude el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

“Todo redunda pues en respetar el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, sus derechos reproductivos y el cese de su voluntad procreacional, sin necesidad de recurrir al servicio de justicia, sobre todo cuando la ausencia de controversia no permite la configuración de un planteo judicial de la cuestión” , concluyó el fallo.

Contradictorio

En otra dirección, en mayo pasado l a Sala G de la Cámara Nacional Civil desestimó el pedido de autorización de una pareja para el cese de la crioconservación de sus embriones no implantados. Asimismo, ordenó se arbitren las diligencias necesarias tendientes a su preservación.

El magistrado de primera instancia había considerado que los actores no necesitaban autorización judicial para disponer el cese de la crioconservación. La defensora de Menores apeló dicha resolución y la cámara hizo lugar al recurso, revocó el pronunciamiento y ordenó que los embriones fueran conservados.

En particular, respecto del Código Civil y Comercial, artículo 19, los jueces subrayaron que si bien en el proyecto se decía que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno” y que “en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”, la versión finalmente sancionada suprimió este último párrafo. De modo que, según el texto vigente, no habría diferencia entre la condición jurídica del embrión implantado del no implantado .