Se suman las críticas de grupos de judiciales a la postura del Gobierno sobre “Vialidad”

A raíz del pedido de condenas formulado por el fiscal Luciani, tanto el Presidente como la cuenta oficial de Casa Rosada respaldaron enfáticamente a la principal acusada. Asociaciones de magistrados y fiscales volvieron a plantear sus preocupaciones por la injerencia del Ejecutivo en asuntos de la Justicia. Recordaron que la defensa de la encausada comenzará a alegar el 5 de septiembre y reclamaron prudencia y respeto por la división de poderes

Una vez que se conoció el pedido de condenas formulado por el fiscal federal Diego Luciani en la causa “Vialidad”, que incluye 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la principal acusada, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, primero, y luego la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada defendieron a la vicepresidente en la red social.

El lunes, el jefe de Estado escribió: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez , se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

También consideró que hay “una persecución judicial y mediática” en contra de la alta funcionaria.

Luego, Presidencia se manifestó en sentido similar.

“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, posteó.

Presidencia también juzgó que “ninguno de los actos” atribuidos a Fernández de Kirchner se probó y que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía”, lo cual, según expuso, “degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.

La cuenta oficial de Casa Rosada se solidarizó con la vicemandataria por lo que definió como “búsqueda de proscripción”.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (Affun) respondió poco después.

Así, a horas del cierre de la última jornada de alegatos de la acusación en el juicio por irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, planteó su “honda preocupación” por la publicación del jefe de Estado y de la Casa Rosada.

Cláusulas constitucionales

El grupo sostuvo que cuestionamientos como los que ventilaron “a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo” son “una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público”, a la luz de “las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.

También recordó que en el debate todavía resta que se pronuncien los letrados de los acusados, quienes a partir del 5 de septiembre darán sus razones “en el ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia que aún perdura entre los imputados”.

Bajo esa premisa, Affun recordó que el debate oral es el “lugar indicado por la ley para que tal hecho se produzca”.

La entidad encabezada por Carlos Rívolo y Susana Pernas cerró su comunicado solicitando “la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”.

El martes, luego de que la acusada se explayó mediáticamente sobre su situación procesal con denuncias e interpretaciones, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió “las expresiones perjudiciales para el sistema republicano”.

Destacó que miembros del Ejecutivo y del Legislativo usaron “calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso”.

La AMFJN fustigó el uso de expresiones que tienden a descalificar la legitimidad de la tarea que llevan adelante el Poder Judicial y los ministerios públicos, que “generan desconfianza en la ciudadanía”.

En el escrito firmado por el presidente de la asociación, Marcelo Tagle, y por su secretario General, Marcelo Peluzzi, también se subrayó que la causa que involucra a la vicepresidente está “transitando las etapas en las que las partes ejercen sus derechos”.

Devolución

Ayer, luego de la exposición por redes social de la ex jefa de Estado -y de una nueva devolución del Presidente, quien opinó que fue “espléndida”- fiscales de América Latina se solidarizaron con Luciani y su colega Sergio Mola, objetivos, entre otros, de los ataques de la alta funcionaria.

La Federación Latinoamericana de Fiscales aseguró que hay expresiones provenientes de los gobernantes, como hablar de “persecución, que tensionan los principios de un Estado de Derecho”, son “una injerencia indebida en la tarea judicial” y ponen “en crisis la democracia y la separación de poderes”.

Advirtió de que la independencia judicial debe estar garantizada en una república y señaló: “Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de Fernández de Kirchner”.

Seguridad

Sobre los pronunciamientos del Presidente, Ronald Segura -presidente de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay- aseveró que “lo hace porque es su compañera de fórmula” y que “no saldría un comunicado así por un ciudadano común”.

“Esta situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es totalmente inadecuado”, añadió.

Dijo también que sectores del oficialismo están hablando de movilizaciones y planteó su preocupación por la seguridad personal de los fiscales.

“Ya hay cuatro fiscales asesinados en la región (Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”, aseguró.

El comunicado subraya que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con “alta trascendencia social” o a líderes de organizaciones delictivas “se pretendió atacar las investigaciones desacreditando o amedrentando la persona de los operadores; en especial, a los fiscales”.

“Se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicia l, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”, resaltó.

“La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo o cualquier otro sector de poder”, reza otro tramo del texto.

El grupo de fiscales latinoamericanos estima que hay “una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”.

“Hemos observado que, en estos días, el presidente, durante el juicio oral y público, después de que los fiscales realizaron su alegato, emitió un comunicado oficial (...) adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, dice el escrito.

“Convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten los procesos penales en marcha y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, cerró el comunicado.

Finalmente, aclaró que su “llamado de atención” no pretende establecer “una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial” sino que, por el contrario, tiene el objetivo de “poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.

Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dispuso reforzar la seguridad de los magistrados que juzgan a Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno.

Luego de una serie de amenazas verbales y de mensajes de militantes kirchneristas que instan en la redes sociales a ir a sus casas para “escracharlos”, Rosatti le pidió por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal que aumente la custodia de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y se dispuso que la Policía Federal designe más efectivos.

El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, le consultó a Luciani y a Mola si quieren más seguridad pero, por ahora, ambos dijeron que no.

Uno de los posteos que encendió las alarmas lo hizo el juez y militante cristinista Juan Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, quien escribió una polémica frase. “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide”.

Para Ramos Padilla padre, varias veces denunciado por explícita participación política y sus violentos mensajes en Twitter (usualmente, pésimamente redactados), el fiscal de Vialidad necesita “un examen psiquiátrico”.

Además, recordó que “otro día” dijo: “Los jueces perdieron el miedo, hay que devolverles el miedo a que se les aplique la ley a ellos. Entonces, ¿yo soy violento? Ellos tienen que tener miedo en no cometer delitos”.