ESCUCHARAborto, impuesto a las Ganancias, consumo de drogas, derecho a huelga y coparticipación de impuestos fueron algunos de los temas sobre los que Horacio Rosatti, candidato del presidente Mauricio Macri para la Corte Suprema, sentó su posición ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
Rosatti expuso durante casi seis horas ante la comisión que preside el salteño Rodolfo Urtubey, acompañado por el otro candidato para el Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, que deberá hacer lo propio el próximo miércoles en una nueva audiencia pública.
Aunque no se cansó de elogiarlo por su trayectoria profesional, el Frente para la Victoria (FpV) lo cuestionó a lo largo de toda la audiencia por haber aceptado ser designado por decreto de necesidad y urgencia (DNU), sin aval parlamentario.
Sin embargo, Rosatti reiteró que el procedimiento fue constitucional y respetaba el decreto 222 del entonces presidente Néstor Kirchner sobre el tratamiento que deben tener los pliegos para la Corte. A su juicio, el artículo 1 del DNU de Macri que apeló al inciso 19, artículo 99, de la Constitución para designar jueces en comisión por el receso del Senado, debe ser “interpretado” junto al artículo 2, que establece la convocatoria a audiencias públicas contempladas por el decreto 222. El mencionado inciso sostiene que el presidente de la Nación “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
La respuesta en modo alguno satisfizo al peronismo. El más duro fue Miguel Pichetto, jefe del bloque, quien afirmó que “todas esas designaciones están vinculadas con gobiernos militares».
En otro pasaje del debate, Rosatti aclaró: “No tengo ningún tipo de relación ni he hablado jamás con el Presidente de la Nación. Sólo conozco hoy al ministro de Justicia”. En otro orden, consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de miembros de la CSJN, Rosatti consideró que “depende de la competencia de la Corte, si asume más o menos causas de las que tiene”. Además, se mostró de acuerdo en el límite de 75 años de edad que establece la Constitución para ser juez del Máximo Tribunal.
Sobre la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, evitó referirse pero abogó porque el Congreso reforme la “redacción muy oscura” del artículo 86 del Código Penal. Por otra parte, opinó que los jueces deben pagar impuesto a las Ganancias y se manifestó a favor de la despenalización del consumo de drogas para uso personal, al señalar que las adicciones deben ser abordadas desde el campo de la medicina y no por el derecho penal.
