ESCUCHARLa Cámara Federal de Córdoba revocó una resolución dictada por el el tribunal inferior, en cuanto al monto determinado en una multa aplicada a la Obra Social Universitaria (Daspu), al discrepar en cuanto al criterio sustentado, “toda vez que en el caso no se dan los presupuestos para la aplicación del mínimo legal, conforme lo establece el artículo 50 de la ley 11683”.
En la causa “DASPU s/recurso de apelación, artículo 78 Ley 11683”, el Tribunal de Grado destacó que “el contribuyente no emitió por el sistema electrónico de controlador fiscal, por el servicio de alojamiento prestado por un monto de pesos setenta y dos el día 14 de agosto de 2002 a un cliente (…), y al ser requerido por personal de la AFIP, no exhibió la documentación correspondiente por la mencionada prestación de servicio (…)”, hecho ocurrido en el complejo Vaquerías-Daspu, lo cual llegó a configurarse la infracción prevista en el artículo 40 inciso a) de la citada ley, en razón de que dicho precepto legal “impone que toda operación comercial, industrial, agropecuaria o de prestación de servicios debe realizarse con el correspondiente respaldo documental, debiendo cumplir además con las formalidades que exige la administración para supuestos como el descripto”.
Con relación a la sanción de tres mil pesos de multa impuestos oportunamente por la administración –AFIP-DGI- y que fuera motivo de recurso por parte de ella, la Sala A advirtió que “dicha suma resulta desproporcionada y excesiva, teniendo en cuenta el monto de la operación efectuada como así también el hecho de ser infractor primario”, modificando así la resolución de la DGI en cuestión por la suma de pesos seiscientos.
