Resuelven cesantía de un empleado judicial por sustraer monitores de PC de un depósito

Si bien en forma paralela se está sustanciando un proceso penal por los hechos, el fallo destacó que éstos fueron acreditados con claridad suficiente para decidir la desvinculación

Al quedar acreditado mediante sumario administrativo que un empleado judicial se apoderó ilegítimamente de una caja de cable UTP y seis cajas con monitores, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió que, más allá de la responsabilidad penal que le pudiera corresponder, ordenar su cesantía.

El Alto Cuerpo, integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio, Aída Tarditti, Domingo Juan Sesin, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña mencionó que puede corroborarse la participación responsable de P. L. V. H. en los hechos investigados.

En virtud de lo analizado, se indicó que quedó acreditado el aspecto fáctico con relación a que P. L. V. H. ingresó al depósito del Área de Logística, en dos oportunidades, sin autorización, utilizando para ello la llave verdadera obtenida del cajón del escritorio del subdirector G., así como que en ambas ocasiones se retiró del lugar portando consigo elementos pertenecientes al Poder Judicial, con fines eminentemente furtivos, ajenos al cumplimiento de su función específica.

Conductas

En ese sentido, el fallo apuntó que dichas conductas fueron captadas por una cámara de seguridad ubicada en el interior del depósito e instalada a raíz de las sospechas de los superiores de tal área, de la sustracción de los equipamientos allí resguardados.

El TSJ consideró que la conducta achacada en ambos hechos al empleado ha resultado fehacientemente descripta en los testimonios, los cuales fueron contestes en afirmar que, a partir de la existencia de irregularidades en ese sector y el corte de imágenes en las cámaras instaladas sin causa aparente, se procedió a colocar una anexa a la del sistema general, enfrentada a la puerta de ingreso de la dependencia.

Así las cosas, se infirió que de las imágenes obtenidas se pudo observar con nitidez que quien ingresó y se apoderó de los bienes detallados fue el sumariado P. L. V. H., circunstancia que no fue negada por aquél en su descargo. A ello se agregó que, en los días referidos por los que se le reprochan los eventos al sumariado, registró ingreso a las 8.02, marcando su egreso a las 19.01, lo que ratifica su presencia en el lugar de trabajo, como también haber excedido holgadamente el horario habitual de oficina.

Antigüedad

El Alto Cuerpo apuntó que no se observa elemento objetivo que tenga siquiera la posibilidad de arrojar duda alguna que el sumariado, integrante del Área de Logística Informática, con una antigüedad de casi 12 años, desconociera los movimientos de ingreso y egreso de materiales informáticos.

Por lo expuesto se evaluó que, no obstante encontrarse en la actualidad tramitándose una causa seguida en contra del sumariado en sede penal, la aplicación del régimen disciplinario vigente en la órbita del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba importa un orden potestativo diferenciado del que resulta propio del ámbito penal y, por ello, pese al paralelismo que eventualmente puede plantearse en cada uno de las jurisdicciones, al sostener que, la sanción penal e incluso contravencional no excluye la disciplinaria ni ésta las otras, pudiéndose imponerlas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos diferentes y persiguen finalidades también diferentes.

Como consecuencia, de lo antedicho, el Alto Cuerpo sostuvo que el principio general es que la sanción disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento, sin esperar la decisión penal, cuando hubiere suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

Disposiciones

Conforme ello, el Alto Cuerpo concluyó que el agente P. L. V. H. claramente vulneró lo establecido en la cláusula contenida en el Acuerdo Número Nueve (16-03- 95), que dispone que “configurarán faltas disciplinarias de los jueces, funcionarios y empleados, el incumplimiento de sus obligaciones, el desempeño negligente del servicio o cualquier otro acto que altere la normalidad del mismo, los actos ofensivos al decoro de la administración de justicia”, así como la violación de los deberes de buen obrar, decoro, dignidad de conducta, lealtad y, confianza, que lo vinculan con la administración de Justicia.

Acreditada la existencia de los hechos atribuidos y la participación responsable del sumariado en ellos, se analizaron las puniciones administrativas aplicables, definiéndose que, atento a que los hechos cometidos importan un insoslayable apartamiento de los deberes de buen obrar, decoro, dignidad de conducta lealtad y, confianza, razón por la que, a tenor de la gravedad de las conductas achacadas y probadas acabadamente, no obstante no contar el sumariado con antecedentes disciplinarios computables, corresponde aplicarle una sanción segregativa, como la cesantía, en correspondencia con la entidad de la grave falta cometida.

Autos: "ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LIC. RICARDO J. ROSEMBERG., REMITE INFORME DEL ING. D. L. S. DIRECTOR DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, RESPECTO A LA DENUNCIA FORMULADA EN CONTRA DEL AGENTE P. L. V. H" (SAC n.° 9998534)