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Reelección presidencial indefinida: oposición de Bolivia vuelve a la CorteIHD

ARGENTINA. Evo Morales en una visita al país.
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En agosto de 2021, el tribunal regional se pronunció en la consulta que cursó Colombia. Estableció que la práctica no es un derecho humano y que carece de reconocimiento en el corpus iuris internacional

En Bolivia, plataformas ciudadanas opositoras anunciaron que acudirán nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que se respete la opinión consultiva del organismo que estableció que la reelección indefinida de jefes de Estado no es un derecho humano.

En agosto de 2021, el tribunal regional estableció que el mayor peligro para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional sino “una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario; incluso, si éste es electo mediante comicios populares”.

Bajo esa premisa, con el voto en contra de dos de sus jueces -el argentino Eugenio Zaffaroni y el ecuatoriano Patricio Pazmiño-, dictaminó que la reelección presidencial indefinida no es un “derecho humano autónomo”, como alegó en 2017 el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, para seguir gobernando su país, pese al resultado adverso de un referéndum.

Lo hizo al pronunciarse en el marco de la consulta que le cursó el mandatario colombiano Iván Duque, a petición de la oposición boliviana, a finales de 2019. La Corte regional concluyó que aquélla no cuenta con reconocimiento normativo de la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y tampoco, de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional ni en los principios generales de derecho.

Paralelamente, recordó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa.

Además, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del primer mandatario en el sistema presidencialista, valoró que la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar la democracia.

Hace un año y medio, la CorteIDH aclaró que no encontraba “otras medidas igualmente idóneas” que su negativa para asegurar que “una persona no se perpetúe” y, con ello, que no resulten afectados la separación de poderes, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la alternancia en el ejercicio del poder.

“La potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes, son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida”, agregó el tribunal regional.

Partidos
Sobre la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, indicó que la falta de limitaciones a la práctica conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder.

A su vez, argumentó que la permanencia de un presidente por un largo período de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas sus capacidades para nombrar a miembros de otros poderes del Estado.

En el mismo sentido, consideró que el cargo de presidente le brinda a la persona que lo ocupa una posición privilegiada para la contienda electoral. “Mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja”, resaltó.

El decisorio de la CorteIDH contradijo los postulados de la sentencia que dictó en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia que, citando el Pacto de San José de Costa Rica, le dio vía libre a una tercera reelección continua de Morales, como “un derecho humano”.

Una vez que se conoció el tenor del decisorio, en su cuenta de Twitter, el ex presidente rechazó la opinión desfavorable del tribunal y acusó a “la derecha” -concretamente, a Duque y a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 2015- de “doble moral” y de buscar “desestabilizar” la democracia del país.

MAS
Bolivia sigue afectada por la crisis política que se generó por el rechazo de varios sectores de la población a la cuarta postulación presidencial de Evo Morales, en 2019.

Para conseguir ser candidato por entonces, Morales, pese a que la Constitución se lo prohibía, y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lograron una sentencia del TCP, según la cual las reelecciones podían sucederse indefinidamente porque era un “derecho humano”.

Ese tribunal se basó en su propia interpretación del Pacto de San José de Costa Rica.

Esa lectura fue refutada por la CorteIDH, la encargada de dirimir las controversias sobre aquél.

Nicaragua y Honduras también se apoyaron en el Pacto de San José para ampliar la reelección de sus gobernantes, pero las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para todas las naciones que lo firmaron.

En Bolivia, el MAS cree que la convulsión social que generó la denuncia de fraude electoral y la auditoría de la OEA fue parte de un golpe de Estado que, al final, derrocó a Morales con la participación de las fuerzas armadas y la policía.

Por su parte, la oposición defiende la tesis de que se trató de un movimiento espontáneo que hizo frente a un fraude.

Luego del fallo del tribunal interamericano, uno de los líderes más importantes de la oposición en Bolivia, Carlos Mesa, celebró lo que definió como “la reparación histórica de la democracia en el país con el fallo vinculante de la Corte” y propuso el juicio político de los magistrados del TCP que interpretaron la convención a favor de Morales, por incumplimiento de deberes y por atentar contra la soberanía popular. El diario El Deber, el más importante de Santa Cruz de la Sierra, se sumó y pidió un proceso judicial en contra los promotores de la habilitación del líder del MAS. También cuestionó la idoneidad de los dos jueces de la CorteIDH que votaron en contra de la opinión consultiva 28/21, Zaffaroni y Pazmiño.

Conade
Ahora, integrantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y otras plataformas, a propósito de los siete años del referéndum constitucional que le negó a Morales la posibilidad de volver a postular, en 2019, adelantaron que volverán a presentarse ante la CorteIDH.

En declaraciones a la agencia EFE, el representante del Conade, Manuel Morales, dijo que la fecha es importante porque recuerda que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 el ganó en NO, aunque “de manera sucia” los partidarios de Morales activaron una sentencia del TCP (84/2017) que habilitó al político para ser candidato y que el Tribunal Supremo Electoral le permitió participar en las elecciones de 2019, que terminaron en fraude y anuladas.

Acción de cumplimiento
Por ello, precisó que ante la negativa del Constitucional boliviano de desactivar aquel fallo, el Conade y las plataformas ciudadanas plantearán una “acción de cumplimiento” a la CorteIDH para que haga respetar la opinión consultiva que señala que no existe el derecho humano a la reelección en el Pacto de San José de Costa Rica.

“Continuamos con la lucha en estrados judiciales internacionales”, agregó el dirigente.

El pasado martes, para conmemorar los siete años del referendo del 21 de febrero de 2016, conocido como 21F, en La Paz, activistas de oposición acudieron a la plaza Abaroa, frente el Tribunal Supremo Electoral, un lugar donde en dos ocasiones colocaron un “mojón por la democracia y libertad” que fue retirado por sectores afines al oficialismo.

Hicieron “ch’alla” -o bendición con alcoholes-tradicional del Carnaval, así como otras acciones típicas de la festividad.

Todo se organizó a través de redes sociales, en varios puntos del país.

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