Reconocen despido indirecto en que se colocaron cuatro trabajadores de un bar

La Sala 2ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba tuvo por acreditada la prestación de las tareas de cuatro trabajadores en contra del dueño de un bar, comedor y rotisería en el que laboraron por más de 15 meses, en los puestos de encargado de cocina y comedor, tareas de delivery , ayudante de cocina y mozo, por lo cual admitió el despido indirecto de éstos, sin que el demandado demostrara haber cedido el fondo de comercio a uno de ellos.

Los accionantes relataron que el 10 de junio de 2013 se presentaron en su lugar de trabajo y, con sorpresa, percibieron que éste se encontraba cerrado, por lo que se vieron impedidos de ingresar.

Los demandantes añadieron que, frente a esto -sumado a que la relación laboral no se encontraba registrada y que se les estaban abonando montos remunerativos inferiores a los establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente- emplazaron a su empleador en los términos de la ley 24013 a que los registrara bajo apercibimiento de sanciones e intimaron a que les aclarara la situación.

Por su parte, el demandado ratificó la negativa de la relación dependencia e indicó que, en marzo de 2012, había cedido en forma onerosa al primero de los accionantes el fondo de comercio, quien desde entonces explotó el negocio junto a su familia, por su exclusiva cuenta y riesgo, agregando que posteriormente esa persona actor cerró el comercio sin haberle pagado lo acordado en la aludida cesión.

Finalmente, el antiguo dueño afirmó que la demanda forma parte de una maniobra de estafa pergeñada por los accionantes para beneficiarse indebidamente en su perjuicio.

El tribunal integrado por la vocal Sofía Keselman Preocupez indicó que la prueba fue eficaz para acreditar la prestación de labores, no habiéndose demostrado que tuviera una causa distinta a una relación subordinada.

En esa dirección, el fallo apuntó que el demandado negó las relaciones laborales aunque reconoció haber sido titular del fondo de comercio en cuestión, afirmando haberlo transferido a uno de los actores, aunque ningún elemento de convicción se produjo en autos tendiente a acreditar esta última circunstancia.

De lo contrario, la magistrada valoró que “ de la informativa producida por la Municipalidad de Córdoba surgió que el demandado figuraba inscripto como contribuyente en el tributo que grava el comercio y la industria en el rubro ‘Servicio de elaboración propia’, con fecha de inicio de la actividad el 20/07/2011 y de baja el 31/07/2013 ”.

Conforme esta circunstancia, la vocal derivó que -durante la vigencia de las relaciones laborales denunciadas- la actividad del negocio siguió desarrollándose a nombre del demandado, al menos desde el punto de vista fiscal.

Asimismo, el tribunal valoró que “ resulta de especial relevancia a los fines de la presente la informativa respondida por el Ministerio de Trabajo de la provincia de la cual que surge incorporada, en original, el acta de la inspección llevada a cabo con fecha 4 de junio 2013 en la razón social que en ella se identifica como ‘F. E. J.', observándose que en dicha ocasión “se hace un relevamiento en el local y se constata la presencia de todos los/las accionantes prestando tareas ”.

A lo anterior se añadió que el demandado omitió concurrir a la audiencia de vista de la causa, por lo que se solicitó su confesional ficta, “ la que viene a corroborar la presunción emergente de la prestación de tareas acreditada con la inspección indicada ”.

En cuanto a la extinción del vínculo, la jueza precisó que los accionantes refieren que éste ocurrió por despido indirecto en el que debieron colocarse “ ante la negativa insincera del demandado de la existencia de la relación laboral mantenida con cada uno de ellos ”.

“Epístolas”

La decisión expuso que “ se han incorporado en autos las epístolas por la que oportunamente emplazaron al demandado a los fines de que registre las relaciones laborales bajo apercibimiento de reclamar las multas de la ley 24013, aclare situación laboral a mérito del impedimento de tareas a partir del día 10 de junio de 2013 y abone diferencias de haberes bajo apercibimiento, en estos últimos dos casos, de considerarse en situación de despido indirecto ”.

Por lo expuesto, la magistrada entendió que la negativa de las relaciones laborales y el desconocimiento de la obligación del accionado de otorgar tareas y abonar las diferencias salariales, “ constituyen injuria de entidad grave y suficiente en los términos del artículo 242 de la ley 20744, al sostener que la intimación previa efectuada por los accionantes contenía claramente la afirmación de las omisiones que configurarían la injuria e incluía el expreso apercibimiento para el caso de incumplimiento ”.

En resumen, Keselman Preocupez sostuvo que el despido indirecto en que se colocaron los demandados “ deviene justificado, ordenado el pago de las indemnizaciones por despido, omisión de preaviso, integración mes de despido y salarios de días de julio de 2013 ”.