Reconocen como empleado a un ordeñador al encontrar fraude en contrato asociativo

Al evaluar que existió un principio de fraude laboral, ya que los contratos de explotación tambera asociativa que firmó el demandante carecen de valor porque no sabe leer ni escribir, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba condenó a un grupo de familiares -para el que aquél efectuaba tareas de ordeñador en explotación tambera- a pagarle los rubros indemnizatorios y laborales que prosperaron.

El Alto Cuerpo -integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel- reseñó q ue el a quo había rechazado la demanda al concluir que el trabajador se vinculó con la firma Pautasso Hnos. SA por medio de un contrato asociativo de explotación tambera, contemplado por la ley 25169.

Al respecto, el fallo consideró que el a quo otorgó eficacia probatoria a los contratos sucesivos y a la rescisión final, observando que en el presente caso, el trabajador -sujeto particularmente vulnerable al que la Constitución nacional protege de modo especial mediante su artículo 14 bis- manifestó reiteradamente que no sabe leer ni escribir, derivando que esta circunstancia impide -prima facie- considerar que la contratación que oponen los demandados se celebró en un esquema de igualdad.

Frente a ello, el TSJ destacó que adquiere especial relevancia que la regulación de la figura asociativa contenida en la ley 25169 exige la homologación judicial, agregando que el cumplimiento de este recaudo legal permite descartar el fraude laboral, saldar eventuales asimetrías y cerrar cualquier discusión sobre la autenticidad de la documental.

Por cuanto en este caso no se acreditó el extremo antes referido, los instrumentos en cuestión “ no resultan hábiles para desvirtuar la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) ” respecto de la existencia de un contrato de trabajo.

En ese sentido, la decisión sostuvo que los hechos descriptos “ sugieren la existencia de una maniobra destinada a quebrantar el orden público laboral (art. 14, LCT), pues bajo la apariencia de un contrato civil se pretendió encubrir la provisión permanente de la fuerza de trabajo de E. para la explotación del campo ”.

Sin sustento

Asimismo, el vocal Angulo consideró que la conclusión del a quo, relativa a que el vínculo existió respecto de una persona jurídica no demandada (Pautasso Hnos. SA), carece de sustento.

En ese sentido, la sala indicó que en reiterados pronunciamientos con similar plataforma fáctica se ha señalado que “ la sucesión de empleadores aunados por lazos familiares y con continuidad comercial, no debe resultar en un desconocimiento de los derechos de un trabajador o en la imposibilidad de ejecutar sus créditos, pues de acontecer se consagraría un fraude a la ley que no puede ser convalidado ”.

Además, el pronunciamiento observó que el trabajador “ no tiene la obligación de indagar el carácter y alcance de la representación que ejercen las personas físicas que actúan en nombre de una sociedad -art. 36, LCT-; máxime en una relación no registrada ”.

En esa dirección, el TSJ apuntó que en el caso bajo examen “ se comprobó que a lo largo del periplo laboral los tres demandados se presentaron ante E. como empleadores (art. 26 LCT): O. J. P. reconoció la vinculación de larga data, J. F. P. admitió que contrató al actor por varios años y D. H. P. admitió que intervenía en la administración ”.

Característica

En definitiva, Angulo concluyó: “ Todos ellos estuvieron al frente de la explotación del campo en el que prestaba servicios el actor y se presentaban como empleadores directos, carácter en el que fueron traídos al juicio y que por ende, deben responder solidariamente por los rubros que prosperan ”.

En ese estado, el Alto Cuerpo analizó que la actividad del actor se encuadra en la categoría “ ordeñador en explotación tambera ”, agregando que los resarcimientos derivados de la extinción del contrato resultan procedentes, “ ya que la rescisión unilateral del actor que invocaron los demandados es nula y sin ningún valor (cf. art. 240, LCT) ”.

En definitiva, en el fallo se resolvió que deben admitirse las indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso e integración del mes de despido, y atento la falta de registro verificada procede la indemnización prevista en el artículo 1, ley 25323.