Reclamo de honorarios extrajudiciales: costas al demandado que pudo haber evitado el pleito

En el fallo se entendió que la exención de los gastos del litigio en el que se discuten estipendios profesionales está reservada sólo a los letrados

Al interpretar que el pleito pudo ser evitado y que, ante la ausencia de la demandada en la audiencia de mediación, la letrada accionante no tuvo otra alternativa que optar por tramitar un litigio para la determinación y cobro de sus honorarios, a lo que se sumó la conducta procesal de desinterés posterior de aquélla, la Cámara 3ª Civil y Comercial de Córdoba revocó la sentencia de primera instancia que no había impuestos las costas al perdidoso en un incidente de regulación por tareas extrajudiciales.

El tribunal integrado por los vocales Jorge Augusto Barbará y Ricardo Belmaña analizó el artículo 112 del Código Arancelario (CA), en cuanto prevé que toda actuación destinada a la determinación de honorarios “no genera costas para ninguno de los abogados actuantes, sin perjuicio de los convenios entre letrados y partes”.

Asimismo, se consideró que, de acuerdo con su letra, el régimen de excepción en la imposición de costas en juicio se limita a la generación de “costas” para los abogados actuantes, remarcando que esto tiende a proteger y tutelar el derecho alimentario de los abogados a cobrar sus estipendios profesionales, agilizando y abaratando el procedimiento.

Significado

De lo expuesto, se derivó que ello no significa que los abogados patrocinantes o mandatarios de cualquiera de las partes del proceso deban actuar de manera gratuita en el proceso regulatorio y carezcan de derecho a remuneración por su tarea, añadiendo que la doctrina tiene dicho: “La exención de costas no alcanza procesos regulatorios que persiguen, además de la cuantificación de los honorarios, otras cuestiones tales como la condenación en costas y la fijación del deudor de los aranceles” (cf. Calderón, Maximiliano R. Código Arancelario para abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 9459 - 1ª Ed., Córdoba, Advocatus, 2017, pág. 473).

Como consecuencia de lo anterior, la cámara sostuvo que en el artículo 112 CA no debe interpretarse “costas” como “honorarios” sino como “gastos” -del juicio o del proceso-, que es, en definitiva, su correcta acepción técnica.

Así las cosas, el fallo expuso que cuando el legislador utilizó la palabra “costas” en el artículo mencionado se refirió a los “gastos” del proceso, por lo que esa norma debe leerse: “Toda actuación destinada a la determinación de honorarios no genera gastos para ninguno de los abogados actuantes”.

En ese sentido, la alzada consideró que esta lectura del texto legal lleva a consecuencias jurídicas consistentes con el fin tuitivo de la normativa arancelaria, toda vez que no se generan incentivos para que las partes dilaten el pago de los honorarios a los letrados acreedores y brinda a éstos una herramienta adecuada para que no se abstengan de ejercer todas aquellas presentaciones o actuaciones procesales que consideren pertinentes -dentro del límite que marca la pluspetición inexcusable- para hacer valer su crédito de naturaleza alimentaria.

De este modo, el tribunal consideró que son los “gastos” procesales los que no se generan “para” los abogados actuantes, atento el carácter tuitivo de la norma con relación a los abogados que persiguen obtener una justa retribución por la labor profesional llevada a cabo; pero que no se priva al abogado ganancioso del cobro de honorarios por su tarea profesional si la vencida es una de las partes del proceso.

Exclusión

Sobre la base de todo lo expuesto, el fallo concluyó que la exclusión del artículo 112 CA, de la manda general consagrada en el artículo 130 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) provincial debe entenderse limitada a los abogados actuantes y no extenderse a las partes del proceso.

Efectuada esta aclaración, y como consecuencia de la interpretación efectuada, el pronunciamiento consideró que el artículo en controversia no resulta aplicable al caso bajo análisis.

Por tanto, la alzada sostuvo que correspondía resolver el caso de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 CPCC y las reglas y principios generales que gobiernan la temática en debate.

Asimismo, los camaristas valoraron que la parte demandada no se presentó a la mediación prejudicial obligatoria y de ese modo generó la necesidad de litigar.

De igual modo, la decisión indicó que la accionada tampoco compareció al pleito incoado en su contra manifestando poseer alguna defensa o proponiendo alguna alternativa regulatoria, no se allanó a la pretensión de la accionante donde, eventualmente, podría haber demostrado no haber sido culpable de la reclamación o no haber dado motivo a la promoción del juicio y de ese modo demostrar que no le correspondía cargar con las costas.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía acoger el agravio y revocar la sentencia de primera instancia en cuanto dispone no imponer las costas conforme e imponer las costas a la parte demandada atento su carácter de vencido.