Rechazan levantar embargo de inmueble que garantiza cobro de deuda alimentaria

Lo solicitaba una hermana del deudor, quien además ofrecía pagar el monto incautado. La madre del menor alimentado se opuso y el tribunal le dio la razón. La peticionante fue multada por considerarse que actuó de mala fe

El Juzgado 2º de Familia de la ciudad de Córdoba rechazó un pedido para cancelar el embargo de un inmueble, solicitado por quien lo había adquirido por donación e incautado por la deuda alimentaria de quien lo donó.

Asimismo, el tribunal aplicó una multa procesal a la peticionante del levantamiento de la cautelar, ya que -al ser hermana del deudor- debió conocer que se trató de una maniobra para eludir sus responsabilidades.

La mujer señaló ante el juzgado que el inmueble adquirido registraba un embargo por $49.686,66 y solicitó la apertura de una cuenta judicial a fin de consignar el monto confiscatorio y luego hacer cesar la cautelar.

Después de poner en conocimiento de este pedido a la parte contraria, S.A.R., ésta requirió que se rechazara el planteo, refiriendo que no correspondía admitirlo “porque el crédito que se persigue es de naturaleza alimentaria y el embargo trabado es ejecutorio, lo que implica un desapoderamiento jurisdiccional, de manera tal que a partir de su traba, el Sr. M. F. ya no podría haber donado válidamente la cosa, sin haber efectuado el pago íntegro de la totalidad de lo reclamado en este juicio”.

Para S.A.R., la tercera interesada actuaba “de mala fe” porque conoce la situación jurídica del bien y que “ha podido razonablemente entender que el monto publicitado al trabar un embargo no refleja íntegramente el crédito que lo ha motivado”.

Privilegio

La impugnante entendió que permitir “que la adquirente de los derechos y acciones del inmueble embargado logre la cancelación de embargo, pagando única y exclusivamente el monto nominal que figura en el registro de la propiedad” consagraría un privilegio en perjuicio de ella, por cuanto “no existe otro bien susceptible de garantizar íntegramente el capital, intereses y costas adeudados, ya que el alimentante ha distraído de mala fe y a título gratuito sus bienes”, planteando finalmente la aplicación de la multa antes aludida.

Al resolver, el juez Eugenio Tavip indicó que el alimentante nunca canceló su deuda ni formuló propuesta al respecto, subrayando que ese incumplimiento no era una situación eventual, sino “su conducta usual, habitual, repetida y arraigada en el tiempo”, habiendo obligado a quien fuera su cónyuge no sólo a iniciar las respectivas ejecuciones, sino también a solicitar medidas cautelares y coercitivas para compeler al cumplimiento.

El magistrado sostuvo que, por ello, se debía otorgarle a la mujer la prioridad como primera embargante y el derecho a cobrar sobre el bien la totalidad de su crédito, no únicamente por el monto de la medida cautelar que oportunamente se había trabado.

El tribunal consideró que resultaba inadmisible permitir que la tercera interesada -J. F.- “desinterese” a la progenitora consignando una ínfima parte de la deuda de su hermano.

Maniobra

Asimismo, el fallo advirtió que el acto de disposición sobre el inmueble -distracto de donación- importa una maniobra elusiva, cuyo móvil fue evitar que el demandado responda por su accionar incumplidor, lo que marca una actitud absolutamente reprochable de parte de éste, que sólo busca perjudicar el derecho alimentario de su hijo.

Asimismo, desde una perspectiva de género, la decisión puso el acento en que las acciones del hombre en pos del incumplimiento de un deber tan esencial, importan hecho de violencia económica contra la progenitora, “que no pueden tolerarse y alentarse”.

En definitiva, Tavip concluyó que no resultaba procedente el levantamiento de la cautelar, debiendo mantenerse la medida y rechazar el pedido.

En cuanto a la sanción pedida contra la hermana del hombre, el tribunal consideró ese parentesco entre ellos, derivando que esta particularidad permite inferir que debería tener conocimiento, no sólo de la situación jurídica del inmueble, sino también del pedido de S. A. R. en relación a su sobrino, el menor alimentado.

Principio

Además, para valorar su actitud el juez consideró “que cobra virtualidad el principio de publicidad registral, por lo que no puede (...) -en su calidad de ‘tercero’- ampararse en la buena fe que tuvo en el momento del distracto de donación ni en la aceptación de tomar a su cargo el embargo, así como inmediatamente solicitar al tribunal el levantamiento del mismo desligando a su hermano de la obligación alimentaria que opera por un monto absolutamente superior”.

Desde esta óptica, el magistrado estimó que la actitud procesal de J. F. concuerda con la figura de litigante malicioso, por lo que correspondía imponerle la multa prevista en el código de procedimiento local.

Así las cosas, en el fallo se ordenó establecer la multa en el equivalente 20% de la última planilla de la deuda del alimentante; esto es, la suma de $41.318,19.

Finalmente, respecto de la abogada que la patrocinó, el tribunal indicó que pese a que no se haya podido comprobar su mala fe procesal, correspondía hacerle un llamado de atención para que evite en el futuro acompañar peticiones como la que realizara en estos autos.