Rechazan existencia de fraude en cooperativa de trabajo al probarse encuadramiento legal

El TSJ cordobés admitió la casación de la demandada, al concluir que no violó la ley laboral en la prestación de servicios de vigilancia

Al comprobar que la cooperativa estaba constituida regularmente, habilitada para funcionar como empresa que brinda servicios de seguridad y vigilancia y que el actor era socio partícipe de ella, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación de la demandada “Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada” y rechazó la demanda de aquél, en la cual pretendía una relación laboral.

La recurrente se agravió de la conclusión sentencial que había considerado que el vínculo que la unió con el accionante era de naturaleza laboral y denunció inobservancia de las disposiciones del decreto PEN 2015/1994.

La demandada afirmó que, si bien esta norma dispuso no autorizar el funcionamiento de cooperativas que para el cumplimiento de su objetivo social previeran la contratación de terceras personas, utilizando sólo la fuerza de trabajo de sus asociados, expresó que ello regía a partir de su publicación.

La accionada entendió que aunque el art. 40 de la ley 25877 prohíbe a estos entes actuar como agencias de colocación, ello es aplicable para las solicitudes de autorización presentadas a partir del 16 de noviembre de 1994 y la “Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada” ya había sido autorizada a funcionar y estaba registrada ante todos los organismos pertinentes con anterioridad a esa fecha.

La recurrente reprochó que el a quo desestimara el valor probatorio de la documental, la informativa y el peritaje contable con el argumento de que eran formalidades que debían ceder frente a la verdad real surgida de la testimonial,

Solución incorrecta

El Alto Cuerpo -integrado por Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel- indicó que el a quo estimó que entre las partes existió una relación de tipo laboral, argumentando que la cooperativa, en tanto destinó al actor a prestar sus servicios personales de vigilancia a terceros, actuó como “agente de colocación” en transgresión al art. 40 ley 25877 que prohíbe ese tipo de contrataciones y, en caso de incumplimiento, determina la aplicación del Derecho del Trabajo.

Sin embargo, el TSJ sostuvo que esa solución no constituye una derivación razonada del íntegro material probatorio colectado ni de la pertinente jurisprudencia, ya que omitió “las abultadas constancias que reflejaron la existencia de una persona jurídica debidamente constituida y de regular funcionamiento, que, en el particular, excluyeron tanto el accionar típico de una ‘agencia de colocación’ como la intermediación fraudulenta”.

Por ello, en el fallo se ordenó que correspondía anular el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto, analizando que de la documental/instrumental incorporada surge que la “Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada” está regularmente constituida, autorizada a funcionar por los organismos competentes desde mayo de 1993, inscripta ante los registros pertinentes y que, según el art. 5 del estatuto social, su objeto es la prestación del servicio de vigilancia.

Peritaje contable

En ese sentido, el fallo precisó que la pericia contable constata tales extremos y también revela que llevaba los libros en legal forma y que el actor figuraba en el de registro de asociados desde el 31 de julio de 2006; detalló las asignaciones que cobraba a cuenta de futuras utilidades y las utilidades propiamente dichas; verificó que había renovación de autoridades cada tres años, que en 2014 se presentaron dos listas y en 2017 se eligieron tres consejeros titulares y dos suplentes; individualizó los libros en que constaba la aceptación del actor como socio y expresó que se cumplieron todas las formalidades para ello (presentar la solicitud, suscribir e integrar la cuota social), que había constancia de que se le notificaba cada asamblea, reseñó las realizadas y la cantidad de asistentes; que hubo excedentes y que fueron distribuidos entre sus asociados en forma correcta.

Con relación al actor, se destacó que no siempre cumplió funciones en el consorcio codemandado, pues afirmó que ingresó a la cooperativa en el año 2007, que estuvo en diversos lugares y que operó en aquél desde el año 2012 hasta su baja.

Así, se destacó que la transcripción efectuada de las testimoniales por el propio Juzgador de tales declaraciones no permitía inferir un funcionamiento engañoso del ente; sí en general aludieron a las asambleas que se realizaban, a las que todos eran convocados, que tenían acceso a los balances cada año, que se hacían elecciones y votaban libremente, quien quería podía postularse a una lista de autoridades, etcétera.

En consecuencia, el Alto Cuerpo concluyó que el vínculo que unió a las partes se encuentra fuera del ámbito del derecho del trabajo y por lo tanto, la demanda debía rechazarse.