Rechazan amparo contra la Provincia en que se invocaba el derecho al acceso a vivienda digna

La Cámara 3ª en lo Contencioso-administrativo de Córdoba no hizo lugar a la acción de amparo presentada en contra de la Provincia de Córdoba por una persona que invocaba su derecho a una vivienda digna por encontrarse pronta a ser desalojada, estar discapacitada y ser el único sostén de su familia.

El tribunal, empero, recordó al Estado provincial que, en virtud de las obligaciones que le imponen las normas constitucionales y convencionales, deberá continuar adoptando medidas de acción positivas que permitan ofrecerle a la accionante una solución transitoria o permanente debido a su particular situación de vulnerabilidad,

La actora promovió acción de amparo para hacer cesar la conducta omisiva y arbitraria del Estado y procurar su inclusión en un programa de acceso a una vivienda o recibir una solución habitacional tendiente a evitar una eventual situación de calle o residir en condiciones indignas.

La cámara -integrado por Cecilia María de Guernica (autora del voto) y María Eugenia Acuña-, entendiendo la gravedad de la situación, procuró -no bien iniciada la acción- acercar a las partes para lograr una solución.

La accionada compareció ofreciendo una ayuda económica con destino a alquiler de un inmueble de $50.000, por el plazo de seis meses, con la posibilidad de ser extendida por igual plazo sucesivamente, en la medida que la situación de vulnerabilidad de la actora persistiera y fuera acreditada.

A su vez, la actora manifestó que no cuenta con garantías que viabilicen un contrato de alquiler; que ha buscado inmuebles para alquilar, pero que el plazo legal exigido es de tres años, por lo cual la ayuda ofrecida resulta insuficiente a tal fin.

Posteriormente, la demandada ofreció dos alternativas: brindarle una ayuda económica consistente en el pago del alquiler por tres años de un inmueble y un seguro de caución para ser afectado al contrato de locación; sin embargo, la actora manifestó que seguía sin conseguir un inmueble para alquilar.

En ese escenario, el tribunal destacó: “ El Estado Provincial ha ofrecido en esta sede distintas alternativas a los fines de paliar la situación habitacional de la actora, con miras al lanzamiento que pesa en su contra, incluido el pago del alquiler de un inmueble en la zona en la que actualmente vive la actora, única opción aceptada por ésta; que no ha podido materializarse por causas no imputables a la accionada ”.

Situación

Asimismo, el fallo evaluó que “ no puede desconocer la Sra. R. la situación coyuntural por la que atraviesa en este momento el mercado inmobiliario, que ha derivado en la escasez de ofertas de inmuebles en alquiler; por lo que la opción que ella pretende es hoy de cumplimiento casi imposible, tal como dan cuenta las propias gestiones que la interesada ha realizado sin éxito ”.

Paralelamente, la alzada señaló que “ tampoco estuvo dispuesta la actora a aceptar opciones transitorias (albergues, pensiones u hoteles) que le permitan sortear una inminente situación de calle, hasta tanto consiga un inmueble en alquiler o pueda ingresar a algún programa habitacional, tal como fue requerido en demanda; el que, a juzgar por la actitud asumida frente a la propuesta concreta formulada por la accionante, tampoco puede asegurarse que, de darse tal circunstancia, sea eventualmente aceptada ”.

En ese sentido, la jueza del voto consideró que “ las objeciones planteadas por la amparista no logran traducir la inconveniencia o insuficiencia de las propuestas que le fueran brindadas ” y que “ la manifestación formulada con relación al inmueble ofrecido de que se encuentra en una ‘zona roja’ no tiene respaldo objetivo en prueba alguna, máxime si se tiene en cuenta que, conforme lo manifestado por el representante del Ministerio de Desarrollo Social, se trata de un programa de viviendas para adultos mayores, con estructuras de contención tanto en acción social como psicológica y policial ”.

Opciones

El tribunal añadió que “ tampoco pueden descalificarse las alternativas que en forma transitoria le fueron brindadas, ya que constituyen opciones aptas para evitar la situación de calle que la amenaza frente al inminente lanzamiento de la propiedad que habita ”, por lo que se entendió que “ no se advierte (...) una omisión lesiva por parte de la demandada que viabilice la procedencia de la presente acción, en las condiciones que dan cuenta las constancias de la causa y lo expresamente reconocido por las partes ”.

Finalmente, la cámara expresó que lo expuesto “ es sin perjuicio de recordar a la demandada que, en virtud de las obligaciones que le imponen las normas constitucionales y convencionales citadas, en atención a la particular situación de vulnerabilidad de la amparista, deberá continuar adoptando medidas de acción positivas que la contemplen, y que permitan ofrecerle una solución transitoria o permanente ”.