Rechazan aclaratoria sobre supuestos errores materiales en decisión del TSJ cordobés

El fallo evaluó los agravios que se plantearon en la casación y concluyó que no se perciben los presuntos yerros que permiten recurrir a la vía elegida. También se desestimó la pretensión de los letrados por costas

Al interpretar que la sentencia dictada por la misma Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) no dispuso sobre el fondo del asunto sino que advirtió errores en el razonamiento de la cámara, que obligaba a su revisión, ordenando su reenvío a otra cámara para que la causa sea nuevamente juzgada de acuerdo a la prueba pertinente, ese alto cuerpo consideró que no había punto para aclarar de su sentencia.

Asimismo, el TSJ rechazó la aclaratoria presentada por los letrados por derecho propio, cuestionando las costas, y observó que éstos carecen de legitimación.

En la causa, la parte actora afirmó que la resolución contenía errores materiales y requirió una aclaratoria para corregirlos. Argumentó que no estaba obligada a esperar el dictamen del Consejo de Tasaciones de la Provincia de Córdoba antes de promover la expropiación irregular y explicó que el artículo 4° de la ley 10257 exime de la realización de este informe y de la consignación previa a la indemnización; e interpretó que ello colocó al expropiado en la necesidad de accionar en resguardo del derecho a obtener indemnización previa.

Constancias

De igual modo, la accionante denunció que el fallo dictado por el TSJ se apartó de las constancias de la causa al sostener que el inmueble expropiado no se encuentra urbanizado y carece de servicios, y puntualizó que en la parcela de ocho hectáreas se han realizado obras de agua y gas, y apertura de calles; y que se omitió valorar la informativa municipal y el testimonio de la Cooperativa Arapi, elementos a partir de los cuales la presentante infiere que no se trata de grandes superficies.

Al analizar la casación presentada por la actora, el Máximo Tribunal integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo observó que el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil (CPC) prevé que, pronunciada y notificada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del pleito pero que éste podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir omisiones, siempre que se solicite dentro de los tres días siguientes al de la notificación. De ello se derivó que tal es el limitado ámbito de cognición material que autoriza el pedido de aclaratoria.

Analizado el planteo formulado por la parte actora a la luz de estos conceptos, el TSJ sostuvo que no era de recibo pues, pese a que en el inicio de cada capítulo se afirma la existencia de presuntos errores materiales, el desarrollo argumental sobre el que reposa la impugnación no se dirige a poner en evidencia defectos de esa naturaleza.

Fondo

Los vocales destacaron que la resolución dictada no resuelve el fondo del asunto discutido sino que dispone exclusivamente la invalidez formal del razonamiento seguido por el tribunal actuante; temperamento que se asienta en que aquél presenta omisiones y defectos lógicos analizados a la luz del principio de inclusión mental hipotética.

Aunque el fallo aclaró que la decisión no implicaba dar razón en lo sustancial a la recurrente y sólo significaba que un nuevo tribunal deberá examinar las posiciones de las partes y valorar la fuerza probatoria de los informes presentados por ambos integrantes del tribunal de tasaciones, inclusive haciendo uso -de ser menester y atento a las ostensibles diferencias que dan sus dictámenes- de las facultades que contempla el artículo 325, CPC; todo ello a los efectos de proveer una decisión lógica y legalmente fundada en torno a la cuantía de la indemnización.

Luego, el TSJ rechazó la aclaratoria presentada por los letrados por carecer de legitimación recursiva y precisó que los profesionales manifestaron expresamente que su comparecencia era “por derecho propio”, lo que patentiza el defecto de postulación anunciado.

Legitimidad

Al respecto, el Alto Cuerpo destacó que el hecho de que el abogado tenga acción para cobrar sus honorarios al condenado en costas, no le confiere legitimación para cuestionar el pronunciamiento sobre éstas; asunto que involucra directa e inmediatamente a quien es parte en el proceso; no a su abogado.

Asimismo, la decisión consideró que la causa del crédito por honorarios es el contrato entre el letrado y su comitente y, por tanto, es en principio éste el deudor del estipendio, y agregó que la condena en costas importa una obligación de reembolso de los gastos que ha debido afrontar el vencedor para defender su derecho (entre otros, los honorarios profesionales), de lo cual resulta que es a la parte, no a su abogado, a quien beneficia o perjudica.

De cualquier manera, al solo efecto de satisfacer las inquietudes de los presentantes se añadió que la omisión u oscuridad que se alega en torno a las costas de la casación no se verifica porque la solución es clara cuando decide distribuir las devengadas por el orden causado; lo cual, naturalmente, concierne al recurso de casación.