Ratificar equivale a mandato y tiene efecto retroactivo

Reiteran que al advertir un defecto formal en la presentación y tendiendo al carácter de urgente del acto en cuestión - que no admite demora-, los magistrados deben otorgar un plazo al compareciente para su efectiva subsanación. [privado] Con sustento en el artículo 1936 del Código Civil (CC), que establece que la ratificación, cualquiera sea su forma, equivale al mandato y tiene efecto retroactivo al día del acto, sumado a que dicha norma debe interpretarse en forma favorable al trabajador, conforme el principio protectorio del artículo 9 de la Ley Procesal del Trabajo (LPT), la Sala 7ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba convalidó el ofrecimiento de prueba efectuado sin el poder respectivo por parte del letrado del actor. En el pleito, Alan David Jones apeló la decisión dictada en su oportunidad por la jueza de Conciliación de 4ª Nominación, que denegó la admisión de la prueba ante la inexistencia de poder suficiente por parte del letrado que suscribió dicho escrito y la falta de ratificación de tal acto dentro del plazo de prueba, pese a que dicha presentación fue luego ratificada en forma expresa por el actor. Frente a ese contexto, la Sala integrada por Mauricio César Arese, Arturo Bornancini y José Luis Emilio Rugani señaló que si bien el artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) dispone que quien “se presente en juicio por un derecho que no es propio debe acompañar los documentos a través de los cuales acredita la personería invocada”, destacó que “esta regla cede ante la ratificación expresa posterior del titular del derecho, que permite salvar la deficiencia de representación, conforme lo establecido por las normas del mandato”. En tal sentido, se expresó que el artículo 1936 del CC stablece que “la ratificación, cualquiera sea su forma, equivale al mandato y tiene efecto retroactivo al día del acto”, subrayando que por ello, “la manifestación voluntaria de convalidación efectuada por el actor retrotrae sus efectos a la fecha de la realización del acto deficiente, el que se considera válido y eficaz desde ese momento a todos los fines del proceso”. En consecuencia, el tribunal puntualizó que “no puede decirse que a la fecha del escrito de ofrecimiento de prueba el mandato no existía, toda vez que en autos, no sólo ha mediado ratificación expresa del actor sino también poder apud acta conferido para intervenir en este juicio”, enfatizando que “importan una ratificación de los actos realizados por el mandatario a nombre de aquél, quien ha actuado en su calidad de gestor procesal”. Perjuicio A tal situación se añadió que “ningún tercero se ha visto perjudicado por tal ratificación, toda vez que la parte demandada, pese a haber sido notificada en debida forma de los respectivos recursos de reposición y apelación, no ha contestado los agravios expresados por el actor, ni se ha opuesto fundadamente a la eventual admisión de la prueba cuestionada”. En consecuencia y en sintonía con lo dispuesto por el artículo 9 de la LPT, que establece la regla de la interpretación más favorable al trabajador, la Sala resolvió revocar la decisión de la a quo y admitir la prueba ofrecida por el accionante. Autos: “JONES, ALAN DAVID C/ IZAGUIRRE, MARTIN IGNACIO Y OTRO – ORDINARIO – DESPIDO – APELACION EN ORDINARIOS – EXPTE. Nº 264566/37”

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