Rapoker: cuatro condenas por apuestas clandestinas on line

Tres de los acusados recibieron tres años de cárcel efectiva. El restante quedó en libertad con una pena condicional. Se los acusó de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro

La Justicia de Córdoba condenó por la coautoría del delito de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro a cuatro personas acusadas de levantar apuestas clandestinas on line a través de la plataforma Rapoker .

Mediante juicio abreviado, el juez de Control y Faltas José Milton Peralta resolvió condenar a Iván Maciel Cicala, Raúl Daniel Marchisio y Leandro Maximiliano Perelli a la pena de tres años de prisión efectiva y una pena accesoria de multa de $45.000 , acusados como coautores responsables del delito de organización y explotación de juegos de azar no autorizados.

El cuarto imputado, Pablo Daniel Swistoniuk, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional -lo que le permitió quedar en libertad- y una multa accesoria de $30 mil . Según se pudo corroborar durante la instrucción, el acusado, de profesión kinesiólogo, fue el último en ingresar a la organización y el que menos dinero aportó. Incluso, adujo haber cometido los ilícitos luego de quedarse sin trabajo producto de la pandemia.

El fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, fue quien investigó los hechos a raíz de una denuncia de Lotería de Córdoba SE. Según pudo corroborarse a lo largo del proceso, los acusados eran “cajeros” de la plataforma Rapoker y se encargaban de crear los usuarios para la página web; vendían, cargaban los créditos virtuales necesarios para poder apostar y los canjeaban por dinero y pagaban los premios a lo largo de todo el país.

Según se estima, los acusados lograron hacerse de un capital que habría ascendido a una ganancia de un millón de pesos por semana . Se corroboró, incluso, que utilizaron criptomonedas -como bitcoins- en la licuación de los ingresos y en la adquisición de productos de lujo.

La investigación demandó nueve meses e incluyó allanamientos simultáneos en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Buenos Aires, y tres localidades del Chaco -Las Breñas, Charata y San Bernardo-. Originalmente, la Fiscalía los acusó de ser miembros de una asociación ilícita, imputación que el juez de Control rechazó. Se encontraban detenidos desde diciembre pasado.