ESCUCHARSus restos fueron velados en el Palacio de Tribunales, donde trabajó hasta sus últimos días. En la despedida abundaron aplausos y elogios.
Como no podía ser de otra manera el Palacio de Tribunales, donde funciona el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, fue el lugar elegido para darle el último adiós a la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, quien falleció el sábado a los 74 años, tras permanecer más de diez días internada.
La muerte de Carmencita, como muchos le decían, causó dolor y tristeza entre los más próximos, y un profundo reconocimiento en distintos sectores de la sociedad. Su valentía e independencia en el ejercicio de la profesión fue una de las cualidades que la acompañó a través de su larga trayectoria en el ámbito judicial.
“Para ser un buen juez, nuestro primer deber es ser desagradecido con quien nos nombró. Estrecharle la mano con educación, agradecerle el cargo y no volverlo a ver”, dijo en una entrevista con el diario La Nación, poco tiempo después de haberse opuesto a la declaración de inconstitucionalidad de los indultos.
Tan real fue aquella premisa que votó en minoría y disidencia cuando se analizaron los artículos 48 y 161 de de la ley de medios audiovisuales. A partir de allí, su relación con el Gobierno se fue tensando.
Al despedir sus restos, el titular del alto cuerpo, Ricardo Lorenzetti, la recordó con emoción:
“Carmen no es sólo Carmen, es un conjunto de principios morales y de políticas de Estado. En estos momentos, lo importante es recordar que en las instituciones estamos transitoriamente”, dijo.
Pensar en las mujeres
Calificada por sus amigos de estudiosa y trabajadora, Argibay hizo carrera como secretaria de instrucción en el Poder Judicial cuando el fuero penal aún maltrataba a las mujeres y las excluía de cualquier protagonismo. Quizás por ello, cuando asumió en la Corte y se convirtió en la primera dama elegida por un gobierno democrático para integrar el más alto tribunal de justicia de Argentina, el derecho de las mujeres fue una de sus principales preocupaciones.
En 2006, a tan solo un año de su incursión como ministra impulsó la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, un organismo para facilitar el acceso femenino a la justicia.
También fue fundadora y alma máter de la Asociación de Mujeres Jueces (AMJA), desde donde peleó por el lugar de las mujeres en los tribunales; tanto de las que trabajan en la Justicia como de las que recurren a ella. Con su colega Elena Highton creó la Oficina de la Mujer dentro de la Corte. “Su paso por la Corte no fue sólo el de una jueza capaz, de fallos muy buenos sino el de la mujer que le dio a la Corte una visión que nunca antes había tenido. Además, era una trabajadora incansable. Es muy curioso que haya muerto sin haber dejado su puesto de trabajo. Seguramente no hubiera podido dejar de trabajar”, dijo la camarista María Laura Garrigós, presidenta de Justicia Legítima y cofundadora de AMJA.
Sí al aborto, no a los crucifijos
Soltera, sin hijos por elección y atea, Argibay se declaró a favor de la despenalización del aborto, lo que le costó profundas críticas de sectores cuando se debatió su pliego en el Congreso de la Nación para integrar la Corte Suprema. “El aborto existe y perjudica más a las mujeres más pobres. Hay que dar el debate”, sostuvo en aquel momento.
Siguiendo esa línea de pensamiento fue una de las ministras de la Corte que votó a favor e impulsó el protocolo para la realización de abortos no punible en 2012. Otro de sus frentes de batalla era quitar los crucifijos de las salas de audiencias.
Presa política
Argibay fue independiente incluso de su propia historia. Su carrera se puso en pausa con su secuestro, en marzo de 1976. Durante nueve meses estuvo privada de su libertad y a disposición del Poder Ejecutivo. En ese tiempo fue dada de baja por la Cámara y la Corte ratificó esa decisión. Estuvo detenida en el penal de Villa Devoto: no tenía cargos en su contra ni una imputación firme.
Cuando los militares decidieron liberarla, se dedicó al ejercicio de la profesión en el ámbito privado y reingresó al Poder Judicial –ya como jueza- con el retorno de la democracia, en junio de 1984. En 1988 fue ascendida a jueza de Cámara y a partir de abril de 1993 pasó a integrar uno de los nuevos tribunales orales de la Capital. En ese cargo, se jubiló a partir del 1 de enero de 2002.
Una vez en la Corte, sorprendió a todos cuando debió resolver si acompañaba el fallo que declaró inconstitucional el indulto que favoreció al ex general Santiago Riveros y decidió no hacerlo. Sostuvo que era cosa juzgada.
