Procesaron a tres médicos por no acatar la orden de internación de un paciente psiquiátrico

Ocurrió en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, de la ciudad de Buenos Aires. Los galenos, especializados en psiquiatría y psicología, alegaron que no delinquieron al negarse a admitir al hombre sobreseído por inimputabilidad y que acataron las disposiciones de la Ley Nacional de Salud Mental

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó por desobediencia, en calidad de coautores, a tres médicos especializados en psiquiatría y psicología del Hospital Borda, quienes no cumplieron la orden de internación emitida por un juez.

Al revocar la falta de mérito dictada en la instancia anterior, luego de admitir un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la sala enfatizó que los galenos omitieron acatar una medida que, con la inmediatez que el caso ameritaba, dispuso por escrito el magistrado que sobreseyó al paciente por inimputabilidad.

Aclaró que aquélla no podía ser objetada porque del artículo 34, inciso 1, del Código Penal, surge “claramente la potestad del juez en lo criminal de ordenar la internación involuntaria de la persona declarada inimputable cuando se dan las condiciones allí previstas”.

El tribunal destacó que se trata de un dispositivo legal imperativo frente a cualquier cuestionamiento normativo y precisó que ello surge del artículo 23 in fine de la ley 26657 (de Salud Mental), sobre la internación involuntaria.

Riesgo

A su turno, los profesionales negaron haber delinquido. Dijeron que sus actuaciones se ajustaron a las disposiciones de la ley de 26557, puesto que a partir de la evaluación que practicaron entendieron que no se verificaba un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. También arguyeron que el propio paciente solicitó un tratamiento ambulatorio en el Hospital Álvarez.

“Aun cuando en el marco de este proceso no podría discutirse si el lugar de internación era el adecuado o si era el juez de Ejecución Penal o el respectivo magistrado civil quien debía controlar la medida de seguridad, es evidente que, por fuera de que la orden de internación no podía ser objeto de discusión, a todo evento contaba con suficiente andamiaje forense”.

(Del fallo de Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional).

Además, argumentaron que el hombre fue examinado cinco días antes mediante un procedimiento distinto (concretamente, judicial), con “características periciales y no asistenciales”, y que, si bien el juzgado ordenó una internación compulsiva, en el oficio también se mencionó que la modalidad de actuación médica quedaba a cargo del equipo que intervendría.

La cámara no tomó en cuenta los descargos de los galenos del Borda.

Así, consignó que el mentado artículo 23 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), en su última oración, prescribe que “queda exceptuado” de la norma (de marco de la internación involuntaria) “las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal”.

“No puede haber manera de desconocer lo que pudiera ordenar precisamente el órgano judicial que opera con una normativa expresamente incorporada en la LNSM”, concluyó.

“Como médicos especializados en psiquiatría y psicología con funciones, singularmente, en el Hospital Borda, razonable es suponer, sana crítica mediante, que conocen tal disposición sustantiva, contenida en la propia ley que invocaron en sus descargos”, añadió.

Inexorable

Por otro lado, estimó que al recibir la directiva judicial, era inexorable suponer que el magistrado contó con los elementos de convicción necesarios para tomar una medida de semejante tenor.

Bajo esa premisa, estableció que el argumento relacionado con la modalidad de evaluación del Cuerpo Médico Forense no justificó estimar lo contrario en la concreta instancia en que debían actuar” los médicos; ello, más allá de que -como afirmó la fiscalía- se requiriera una nueva revisión de C.J. ante la negativa a concretar su internación.

“Se está en presencia de una orden escrita impartida por un juez nacional en el legítimo ejercicio de sus funciones, en tanto mandato que tenía por objeto la internación involuntaria de C.J.”, estableció la cámara.

“Es claro que el juez penal se pronuncia con base en un dictamen que tiene características periciales y no asistenciales, como se argumenta a título de descargo” , resaltó.

“Es aquella opinión la que justifica la internación, a cuenta de la expresa previsión legal que contiene el artículo 34, inciso 1, del Código Penal -intervención de peritos mediante-”, acotó.

Paralelamente, señaló que tampoco era pertinente cuestionar la idoneidad de los especialistas del Cuerpo Médico Forense; con mayor razón cuando, como en el caso, la experta interviniente por la defensa oficial avaló el informe de la médica forense.

Criterio

Tampoco prosperó el argumento relativo al tramo del dictamen forense según el cual “la modalidad queda a criterio del equipo tratante”. El tribunal entendió que del propio párrafo surge claramente que “ello se inscribe en el tratamiento que habría de cumplirse” una vez concretada la internación que se ordenaba.

La cámara se explayó y puntualizó que los médicos estaban al tanto de que C. J. fue declarado inimputable un “singular número” de veces en un corto período, lo que paralelamente se traduce en reiteradas incursiones delictivas que, según razonó, de suyo “suponen la puesta en riesgo de la propia persona o de terceros”.

Reseñó que aunque el pasado 16 de febrero fue sobreseído por inimputabilidad y se ordenó su derivación al Hospital Borda en orden a que se practicó una información interdisciplinaria y se determinó el tipo y modalidad de tratamiento a seguir, no hay constancias de lo que sucedió; es decir, qué ocurrió con la derivación. “Sí se sabe que fue nuevamente detenido pocas horas después y que es en ese marco en el que, con base en el informe del Cuerpo Médico Forense, fruto del examen practicado cinco días antes en la causa del Juzgado Número 19, se dispuso la internación compulsiva”, enfatizó.

“Podría pensarse que protagonizó un raid sólo durante esos días de febrero. Sin embargo, de la propia resolución ya surgía que poco antes había sido declarado en la misma condición en otras tantas oportunidades”, recordó.

Luego de citar otros pormenores de las actuaciones que involucran a C.J. que fueron pasados por alto, consignó que los encausados fueron informados por oficio sobre su grado de deterioro cognitivo y conductual, de sus antecedentes, de que no hacía un tratamiento y de su contexto de alta vulnerabilidad psico socioeconómica y cultural, a la falta de redes de contención.

“En todo caso, como afirmó el fiscal al solicitar la declaración indagatoria de los imputados, se debía acatar lo dispuesto y, en el supuesto de disenso, elevar un informe con la opinión respectiva, que lógicamente sería evaluado por el juzgado interviniente”, consideró.

“Aun frente a la diáfana directiva de internar a C.J., las alternativas que le sucedieron son demostrativas del proceder contrario que intencionalmente se asumió” , finalizó.