ESCUCHARLa ex presidente sufrió, incluso, un embargo por 10 mil millones de pesos. También fueron imputados el empresario detenido Lázaro Báez, un primo de Néstor Kirchner y empleados de Vialidad Nacional
El juez Julián Ercolini procesó ayer a la ex presidente Cristina Fernández por asociación ilícita y por administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos.
También procesó al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al empresario detenido Lázaro Báez , entre otros.
En la resolución dictada ayer por Ercolini, que consta de 794 hojas, también se ordenó el procesamiento y embargo de igual suma de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, quien trabajó para De Vido como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante los tres gobiernos kirchneristas.
Asimismo, fueron procesados Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, quienes trabajaron en Vialidad, además de Mauricio Collareda (estuvo al frente del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur), Carlos Villafañe (anterior autoridad del organismo vial en Santa Cruz) y Raúl Villafañe, ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta.
Todos ellos fueron procesados por ser considerados «prima facie» partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, y se ordenó el embargo de 2.500.000 de pesos.
La causa
El expediente estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad de Báez, en detrimento de las arcas del Estado.
La ex presidente ya había declarado en el marco de esta investigación y había pedido que se realice una auditoría sobre los contratos adjudicados desde 2003 a 2015. Según una auditoría de Vialidad Nacional, Austral fue favorecido con 52 contratos, de los cuales la mitad quedó inconclusa. Se estima que sólo en sobreprecios el citado grupo recibió 1.000 millones de dólares, además de 3.232 millones de dólares en contratos.
Cabe destacar que éste es el segundo procesamiento que recibe la ex mandataria. El primero lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y le trabó además, un embargo de 15 millones de pesos que, al declarar la ex presidente que no contaba con dichos fondos por ceder toda su fortuna a sus hijos, se decidió una inhibición general de sus bienes.
Hay otras causas en las que es investigada la familia Kirchner. Una de ellas es la de Los Sauces SA, inmobiliaria acusada de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito y cuyos dos principales inquilinos fueron Báez y Cristóbal López. En esta investigación el juez intervino la empresa y la cuenta de la sucesión Néstor Kirchner, además de apartar de la administración de ésta a Máximo Kirchner.
Otra causa es Hotesur SA -dueña del hotel Alto Calafate, investigado por lavado de dinero-. En esta causa, el juez Ercolini embargó más de 5 millones de dólares atribuídos a Florencia Kirchner. Por otra parte, hay un pedido de los fiscales de embargar los bienes de los hijos de la ex mandataria producto de la sucesión y se solicitó que la medida alcance a dos hoteles de la familia, el Alto Calafate y La Aldea de El Chaltén.
