ESCUCHAREl fiscal pidió que se le restituya la totalidad de su sueldo, un juez admitió su planteo y la Procuración General de la Nación apeló el fallo. Dos legisladoras del PRO pedirán que se rechace la solicitud de la funcionaria Alejandra Gils Carbó.
A raíz de la apelación que la Procuración General de la Nación presentó contra la restitución del sueldo del fiscal José María Campagnoli (foto), las legisladoras Gabriela Michetti y Laura Alonso, del PRO, anunciaron que presentarán un amicus curiae para apoyar al funcionario.
La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, recurrió el decisorio que le permitía a Campagnoli cobrar la totalidad de su ingreso mientras continúa el proceso en su contra.
La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso-administrativo Pablo Cayssials, quien anuló la quita de 30% fijada, en atención a que Campagnoli es único sostén de su grupo familiar.
“No se pueden argumentar razones alimentarias cuando el actor no demostró lo que efectivamente cobra y que actualmente llega –ya hecha la reducción del 30%– a la suma de 40.645,71 mensuales”, alegó la Procuración.
Persecusión
Michetti y Alonso sostienen que Campagnoli es víctima de una “clara persecución” por parte de Gils Carbó, motivada por las investigaciones que llevó adelante y que comprometen a funcionarios del Gobierno y empresarios que tienen vínculos con éste.
En esa línea, estimaron que la jefa de los fiscales viola los derechos constitucionales de Campagnoli.
Michetti expesó que el Gobierno decidió enviar un “mensaje mafioso” a los fiscales y jueces argentinos para que “no se metan con los casos de corrupción, a través de la persecución a Campagnoli”.
En tanto, Alonso recordó que la ley prevé que a un fiscal acusado se le puede quitar 30% del sueldo, pero subrayó que esa posibilidad “no implica que pueda hacerse sin explicar la causa”.
Política partidaria
Según la diputada, “Gils Carbó está haciendo política partidaria desde la Procuración” y que, “no conforme con haberlo suspendido con total arbitrariedad, insiste en querer quitarle el sueldo”.
Además, resaltó que la función de los fiscales está protegida por las mismas garantías que la de los jueces: estabilidad e intangibilidad de los sueldos.
“Este caso es importantísimo, está en juego la independencia de los fiscales”, enfatizó.
Firmas
Por su parte, la agrupación Será Justicia presentó firmas contra la destitución de Campagnoli, quien investigó al empresario Lázaro Báez.
El grupo renovó su apoyo al presentar en la mesa de entradas de la Corte Suprema las más de 7.000 firmas que reunió en los últimos meses en rechazo de su apartamiento, impulsado por Gils Carbó.
Acompañados por los integrantes de Cambio Pluralista, el espacio que pretende competir por la conducción del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesionales vinculados con el derecho, participaron del acto que organizó el colectivo en las escalinatas del palacio de Tribunales.
Los oradores fueron Raúl Aguirre Saravia y Marcela Campagoli -hermana del fiscal, quien agradeció la solidaridad-.
Al explicar el motivo del acto, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo que “se intenta recuperar las instituciones y el principio de separación de poderes”.
Y agregó: “Lo que le pasó a Campagnoli es el revés de lo que debería pasar en un Estado de derecho, es una advertencia a otros para que sepan qué puede pasar si investigan más de la cuenta”.
Campagnoli fue separado de su cargo por presunto mal desempeño de sus funciones.
Según Gils Carbó, se “extralimitó “ en su investigación sobre la ruta del dinero que involucra a Báez.
