ESCUCHAREl gremio de empleados y la asociación que nuclea a magistrados y funcionarios pidieron que se agilice la aplicación efectiva del protocolo para prevenir estos episodios. Cuestionaron el retraso en la creación de la oficina que se dedicará a recibir y tramitar denuncias y piden capacitación
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios le solicitaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que acelere la aplicación efectiva del denominado «Protocolo de prevención en violencia laboral y/o de género en la modalidad laboral en el Poder Judicial de Córdoba«.
En una nota, le manifestaron que la suspensión temporal de aplicación del instrumento para poder cumplir con los requisitos establecidos en la propia normativa ya se extendió demasiado. Además, le recordaron que distintas situaciones de violencia dentro de la Justicia se visibilizaron y recibieron tratamientos dispares sin que exista un ámbito institucional para abordarlas correctamente.
En diálogo con Comercio y Justicia, la secretaria Adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli, remarcó que hace más de un año que se suspendió el funcionamiento de la Oficina de Recepción de denuncias de Violencia Laboral para avanzar en la conformación de una nueva dependencia externa.
Además, precisó que el concurso para sus integrantes está demorado y valoró que, mientras tanto, continúan sucediendo episodios de violencia laboral.
«Oportunamente entendimos la necesidad de suspender aquella oficina, que se creó sin cumplir con el protocolo aprobado por el TSJ y que no estaba dando respuestas adecuadas a las denuncias que se formularon. Ahora bien, ya ha pasado un año y aún no hay fecha para el concurso que permitirá elegir a quienes integrarán esta nueva dependencia«, advirtió.
Noccioli indicó que son numerosas las situaciones irregulares que atraviesan las empleadas del Poder Judicial, que incluyen desde acosos laborales hasta comentarios desubicados, intimidaciones o represalias.
El reclamo de las asociaciones incluye un pedido para que se agilice aquel concurso y la puesta en marcha de una capacitación obligatoria en materia de violencia laboral del personal que se desempeña en todas las áreas de la Administración General que se encuentran involucradas en el ingreso y permanencia del personal e intervienen en las vicisitudes que pueden desarrollarse durante el vínculo laboral. Puntualmente, se trata de Recursos Humanos, Medicina laboral, Oficina de Salud Mental, Clima Laboral y Sumarios Administrativos.
En este sentido, la secretaria de AGEPJ remarcó la necesidad urgente de que estas oficinas conozcan qué hacer y cómo proceder cuando toman conocimiento de un caso de violencia laboral.
«No alcanza que ante una denuncia de una empleada reclamando el pase a otra dependencia porque no aguanta más el clima de hostilidad o acoso se proceda al traslado. Es importante que se entienda que ese funcionario o funcionaria que ejerce violencia sigue trabajando en el mismo lugar», planteó Noccioli, quien agregó que es necesario que se puedan abordar los casos «sin revictimizar» a quien formula la denuncia y resolver la situación «con perspectiva de género».
Relación de poder
Noccioli aclaró que la violencia laboral no está circunscrita al género sino que se genera desde la relación de poder.
«En los casos de acoso sí podemos ver claramente esa cuestión del hombre hacia la mujer, pero hay otras situaciones vinculadas con el hostigamiento o el maltrato que muchas veces se ejerce desde una funcionaria a una empleada», sostuvo, y recordó que 70% de la planta de personal del Judicial son mujeres.
Noccioli valoró que el TSJ haya elaborado un protocolo que aborde la cuestión, pero criticó que luego de su aprobación la burocracia haya demorado los instrumentos necesarios para su abordaje. «Hay mucho por trabajar, hay que aprender, cambiar conductas, es urgente continuar avanzando», opinó.
Denuncia penal
Cabe recordar que a comienzos de abril, la AGEPJ denunció penalmente a un ex asesor letrado de Jesús María y Río Segundo por presuntas filmaciones en baños de esas sedes judiciales.
Tras conocerse la situación, se inició un sumario al funcionario que renunció inmediatamente.
El hecho es investigado por la Fiscalía especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, y la AGEPJ, pidió constituirse como querellante particular.
