ESCUCHARLa historia de Cristina Vázquez no se diferencia de tantas otras que de alguna manera sufren el embate del sistema penal por el solo hecho de ser mujeres y ser pobres. Para poder explicar esta afirmación, es necesario contextualizar brevemente el caso.
Cristina Vázquez es una mujer misionera de 32 años, condenada a prisión por haber sido acusada de matar a golpes a una mujer vecina suya de 79 años de edad, el 27 de julio de 2001.
Este hecho dio inicio al calvario que aún sufre Cristina, calvario que se fundamenta en la necesidad que impone el Estado de encontrar un culpable sin importar los costos y más allá de cualquier duda razonable. Así es como a Cristina se la condena de homicidio aunque las pruebas no existan, o desaparezcan, aunque los testimonios sean inciertos basados en chismes de barrio, aunque haya errores policiales o se tome como válido el accionar incierto de un investigador privado dudoso.
Cristina se encuentra en una situación de doble desventaja: es mujer, pero además es pobre. Un doble estigma social que hoy la convierte en víctima de un Estado ausente a la hora de otorgarle protección frente a sus carencias y necesidades; pero un Estado presente a través de un sistema penal arbitrario que la encierra y condena, generando así un nuevo estigma en ella: hoy Cristina es mujer, pobre y presa.
Una vez más el Estado aparece con mano de hierro a encarcelar a quien no le sirve, a quien es vulnerada, a quien es marginada. Una vez más el Estado dice “presente” para aplicar el sistema penal, sometiendo a una mujer al sufrimiento que éste implica, por más de 14 años. Este caso me recuerda al de María Ovando, también ocurrido en Misiones, o al de las hermanas Jara en la provincia de Buenos Aires y a tantos otros que el desconocimiento me impide nombrar, pero que hoy agotan las salas de los tribunales argentinos.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) 2013 así lo demuestran. Actualmente, 30% de la población carcelaria no tiene estudios primarios completos, 39% sólo tiene estudios primarios, 16% secundario incompleto y seis por ciento, ningún estudio, conformando así un total de más de 90% de quienes hoy están habitando las cárceles argentinas. Asimismo, 39% son desocupados y 43% son trabajadores de tiempo parcial.
No es necesario aclarar quiénes se encuentran privados de libertad en Argentina, pues estas estadísticas hablan por sí mismas. Pero lo haré de todas formas para despejar cualquier duda y posibles interpretaciones erróneas: son los excluidos, los marginados, los vulnerados. Todos aquéllos que se asemejan a Cristina Vázquez, a María Ovando, a las hermanas Jara.
Estos números reflejan lo que expresé al principio de esta nota: el sistema penal es sectario y gregario, dirigido a quienes son excluidos por el propio Estado antes de ser sometidos al sistema penal, generando así una nueva forma de exclusión caracterizada no sólo por la pobreza sino por el estigma que implica la privación de la libertad mediante el sistema penal actual.
Es por ello que desde la Asociación Pensamiento Penal levantamos la voz, una vez más, para solicitar la finalización de la utilización del sistema penal como un modo de encerrar pobres, como un modo de continuar excluyendo a los marginados sociales. Ante los problemas sociales, el sistema penal no puede buscar respuestas facilistas y que no le competen, pues esas respuestas derivan justamente en situaciones de privación de libertad como a la que hoy se encuentra sometida Cristina Vázquez, una víctima sin voz a la que intentamos visibilizar, reclamando su libertad y la no repetición de estos hechos.
* Miembro de la mesa nacional de la Asociación Pensamiento Penal
