La diputada nacional Soledad Carrizo le reclamó al Poder Ejecutivo que presente informes sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de María Laura Garrigós de Rébori desde que fue intervenido.
Puntualmente, la cordobesa pidió detalles sobre las acciones de prevención en marcha para atender lo que definió como el “despliegue del fenómeno narcocriminal desde el interior de establecimientos penitenciarios”.
Lo mismo solicitó con respecto a las medidas sobre las actividades delictivas desarrolladas con la participación de internos.
En el proyecto de resolución que promovió, también peticiona que se explique si motorizaron acciones de trabajo conjuntas o colaborativas entre la Dirección Nacional del SPF y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para la implementación de medidas de cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre el fenómeno de la narcocriminalidad desde las cárceles.
Carrizo explicó que su planteo se basa en las conclusiones del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“Los expositores se refirieron a la preocupante situación que atraviesa nuestro país por el incremento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico”, señaló la secretaria parlamentaria del bloque de la UCR.
Interventora
En ese sentido, consideró que la interventora Garrigós de Rébori debe informar qué ha hecho durante su gestión y que hará frente a la gravedad de la situación.
Cabe recordar que la semana pasada los diputados nacionales por la Coalición Cívica (CC) Jan Manuel López y Mónica Frade pidieron la interpelación de la directora de Garrigós de Rébori, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expresó en Rosario que “la cárcel no debe controlar a la calle, que sea al revés”.
“Garrigós de Rébori debe dar explicaciones por la eliminación del Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, plantearon.
Rosario
En Rosario, Rosatti estimó que la decisión política para combatir el flagelo del narcotráfico no debe limitarse a la etapa anterior al delito ni a la represiva sino que “debe abarcar factores que son previos y exceden al derecho y al sistema de juzgamiento”.
En esa línea, ponderó que se debe comenzar “con el sistema cultural, educativo y económico”.
“Lo primero que hay que pensar, y sobre lo que hay que actuar, es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico”, afirmó.Rosatti juzgó que es imprescindible dar también una “batalla cultural y educativa” que reivindique la cultura del trabajo.
Desde hace muchos años quienes son privados de libertad se encuentran en mejores condiciones que estando en libertad. Como se avanza en la sociedad ha avanzado dentro de la cárcel y el significado de respetar derechos humanos se transformó en que es mejor estar adentro que afuera por que tengo mayor asistencia, cuidado, trabajo remunerado; todo lo que el estado debería brindar al ciudadano para que no llegue a la delincuencia para poder subsistir, se lo brinda estando preso; es un doble beneficio. Para el que delinque por que no tiene forma de subsistir y para el Estado por que es más fácil manejar la ausencia de lo que debería brindar a los ciudadanos para su progreso. Por eso las cárceles no dan abasto y existe tanta superpoblación hace tantos años. Ahora se suma la situación del narcotrafico y también resulta ser mejor para el narcotraficante por que dentro de la cárcel no corre los riesgos que implican los negocios y competencias del negocio.