Piden dejar sin protección gremial a judicial que robó

El Alto Cuerpo efectuó el planteo al haberse acreditado el apoderamiento ilegítimo en perjuicio de un compañero de trabajo. El hecho quedó demostrado en el sumario administrativo

Al quedar acreditado mediante sumario sumario administrativo que una empleada de un juzgado de competencia multifuero con sede en el interior provincial, realizó apoderamientos ilegítimos de sumas de dineros pertenecientes a compañeros de trabajo y al Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, todos dentro de las oficinas donde presta servicios, lo cual a su vez generó el inicio de actuaciones en sede penal, y tras advertir aquélla cuenta con fueros gremiales, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba que solicite por vía judicial la exclusión de la tutela sindical de la dependiente a los fines de sancionarla y dejarla cesante, debido a que el comportamiento que desplegó es inadmisible con los patrones de decoro, lealtad, rectitud y buen obrar que deben ejercerse dentro y fuera del ámbito del Poder Judicial.

Testimonios

El Alto Cuerpo integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio, Aída Tarditti, y Mercedes Blanc de Arabel tras valorar la pretensión de autos, mencionó que quedó demostrado, con los testimonios recabados en sede penal, que fueron varios los episodios en los que faltó dinero en el ámbito donde funcionaba y funciona la Secretaría Civil del Juzgado con competencia múltiple donde prestaba servicios la empleada en cuestión. En esa dirección, se precisó que, a raíz de los primeros faltantes de fondos, se fue generando un enrarecimiento del clima laboral, lo que produjo que la secretaria T. realizara reuniones en las que se fueron develando otros hechos, ajustándose el círculo de sospecha -cada vez más- a los integrantes de dicho tribunal. Fue recién luego que se pudo tener por acreditado que en fecha 4 de octubre de 2019, la auxiliar C. se apoderó de $3.000 de la prosecretaria letrada M. C. A., que estaba guardado en su billetera dentro del cajón del escritorio, remarcándose que momentos después, al verse descubierta por sus compañeras de trabajo, C. decidió restituir el dinero sustraído colocándolo nuevamente en el interior de la billetera, pero en otro compartimiento distinto de donde lo había sacado. En ese sentido, destacó que las empleadas M. y A., cada una por su cuenta y sin hablar entre ellas, habían advertido la conducta sospechosa por parte de C., al punto de decidir contárselo a la prosecretaria, quien recién en ese momento les refirió que le faltaba dinero de su billetera. Asimismo, el TSJ remarcó que mientras dicha funcionaria se encontraba realizando la denuncia en la Unidad Judicial, el personal policial apostado en el lugar del evento constató y secuestró la billetera en cuestión y lo contenido en su interior, encontrándose, entre otras cosas, la suma de $3.000, distribuida en seis billetes de $500, que le habían sido sustraídos. De este modo, el Alto Cuerpo valoró que los testimonios reseñados precedentemente y demás constancias descriptas, permitieron tener por acreditado el obrar atribuido a C., así como su participación responsable en el mismo, lo cual permitió echar luz sobre sucesos precedentes de similares características (faltantes dinerarios), que habían tenido siempre lugar en el ámbito laboral y en los que la sumariada no había sido ajena.

Protección

En relación a la tutela sindical de la sumariada, sostuvo el Alto Cuerpo que por ello debe entenderse la protección especial que otorga la Ley de Asociaciones Profesionales a quienes ejercen o hubieren ejercido en el plazo de gracia que preceptúa la norma, cargos electivos o representativos en las entidades gremiales, a fin de evitar el cese, suspensiones y/o modificaciones de la relación laboral. Por lo cual, el fallo derivó que ésta es la directriz a seguir en el desarrollo del presente caso, toda vez que en ningún momento se ha puesto en crisis la condición de M. J. C. como representante gremial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) o el ejercicio mismo de su función sindical, gozando dicha actividad de protección constitucional y supra constitucional. En esa dirección, el pronunciamiento apuntó que lo que es objeto de valoración en el caso bajo estudio, es dilucidar con certeza si la conducta desplegada por C. en el ejercicio de dicha prerrogativa gremial excedió los límites de regularidad legal que el mismo marco protectorio le otorga. Por las razones expuestas, y en aras de garantizar a la agente sumariada - delegada sindical de la AGEPJ al momento de la conducta bajo análisis- el respeto de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, Tratados Internacionales y Disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el TSJ ordenó que encontrándose probado el accionar y la participación de la misma conforme la atribución disciplinaria, corresponde se requiera a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba a los efectos de que inicie la correspondiente acción de exclusión de la garantía de tutela sindical.