Se confirmó lo resuelto en primera instancia y la Dirección General de Escuelas de Mendoza deberá desembolsar 25 mil pesos. La demandada alegó sin éxito que el juez siguió el criterio de la pericia psicológica, sin cuestionar de qué modo incidieron en el cuadro de fobia social que padece el niño sus antecedentes médicos.
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