Pagaré no es de consumo si no lo libra una proveedora de servicios financieros

El fallo aclaró que no todas las ejecuciones de pagarés necesariamente se derivan de créditos personales. Bajo esas condiciones, confirmó que el documento sea ejecutado [privado]

Al entender que no se encuentra acreditado en el caso que la relación sustancial que dio origen a la procesal sea un crédito para el consumo, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la resolución de primera instancia que ordenó llevar adelante la ejecución de un pagaré y rechazó que ese documento pueda ser calificado como pagaré de consumo, ya que la accionante no es una proveedora de servicios financieros.

La cámara sostuvo que resulta contradictoria la postura asumida por el demandado en una y otra instancia, ya que pretende ahora alegar la inhabilidad de título con fundamento en la LDC, mientras que en primera instancia desconoció la deuda y la firma a él atribuida.

El tribunal integrado por los vocales Graciela María Junyent Bas, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo indicó que en el caso se trataba una demanda ejecutiva, iniciada por Alejandra Lescano, en virtud de un pagaré con cláusula sin protesto, ante la cual el demandado opuso excepción de falsedad e inhabilidad de título, desconociendo la deuda reclamada, así como la firma puesta en la orden de pago.

El fallo agregó que, frente a dicha situación, el juez a quo, mediante la resolución impugnada en cámara, resolvió rechazar las excepciones opuestas y mandó llevar adelante la ejecución promovida del pagaré.

El magistrado de grado observó que -sólo en la instancia recursiva- el apelante señala que lo agravia que el a quo no haya aplicado la normativa consumeril, que es de orden público y que debió aplicarse de oficio, sin requerimiento de parte, solicitando de ese modo la inhabilidad del título por no contar con los recaudos previstos en el artículo 36 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

Premisas

Bajo esas premisas, la cámara sostuvo que resulta contradictoria la postura asumida por el demandado en una y otra instancia, ya que pretende ahora alegar la inhabilidad de título con fundamento en la LDC, mientras que en primera instancia desconoció la deuda y la firma a él atribuida.

Asimismo, la alzada apuntó que, por tener el título ejecutivo como relación subyacente la de un préstamo dinerario, ello no convierte la relación jurídica en una de consumo, pues no existe ningún elemento que coloque a la parte actora como una “proveedora” del servicio financiero.

En ese sentido, los camaristas remarcaron que, de las consultas efectuadas en el Sistema de Administración de Causas (SAC), se registran sólo dos causas iniciadas por la actora: un juicio en sede laboral en contra de una ART y otra, la de autos, por lo que no puede sostenerse en modo alguno su habitualidad en la asunción del carácter de acreedor ejecutivo.

Elemento

En definitiva, el tribunal concluyó que no existe ningún elemento que permita inferir que el pagaré base de la acción haya sido librado en el marco de una relación de consumo y, por ende, atento a que la relación habida entre actora y demando, aparece como un vínculo contractual que no tiene rasgos consumeriles, por lo que no se verifica materia que justifique la intervención del Ministerio Público.

Así las cosas, la decisión advirtió que “no es acertado decir que todas las ejecuciones de pagarés provengan de préstamos personales para consumo, tal como sugiere el apelante, ya que, no toda relación cambiaria es una relación de consumo”.