Orfeo: dictaminan a favor de admitir acción declarativa de inconstitucionalidad

El estadio fue declarado sitio de interés municipal. Pablo Bustos Fierro entendió que la petición busca “superar un estado de falta de certeza jurídica derivado de las normas impugnadas”

La Fiscalía General de Córdoba dictaminó a favor de admitir formalmente, de manera parcial, la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por Dinosaurio SA ante la declaración del estadio Orfeo Superdomo como sitio de interés municipal. [privado]

En el caso, Euclides Bugliotti -su propietario- promovió tal acción a fin de que, en primer lugar, se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ordenanza Nº 13097, y los artículos 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, de la ordenanza Nº 10626, que le impiden ejercer su derecho a disponer del inmueble para demolerlo y refuncionalizarlo como un complejo de departamentos.

También solicitó que se le otorgue el permiso de demolición y la factibilidad de localización solicitadas en el trámite iniciado de conformidad con lo normado en las ordenanzas Nos. 7084 (régimen de demoliciones) y 8256 (régimen de normas de ocupación de suelo) y demás disposiciones legales vigentes.

La Fiscalía General, al dictaminar, entendió que la petición ejercida en la demanda resulta compatible con la finalidad de prevenir un perjuicio de la acción directa de inconstitucionalidad, pues la acción ha sido entablada antes de que las normas atacadas hayan propagado sus efectos sobre la parte reclamante.

Agregó que se logra poner de manifiesto el interés de la actora por superar un estado de falta de certeza jurídica derivado de las normas impugnadas en su constitucionalidad, las que son susceptibles de producir un agravio a sus derechos subjetivos constitucionales de ejercer el libre comercio, ejercer cualquier industria lícita, de propiedad, de igualdad, amparados por la Constitución Nacional y por la Provincial.

“De ahí que se considera que la parte actora prima facie posee un interés suficiente y, en consecuencia, legitimación procesal para promover la presente acción declarativa de inconstitucionalidad”, destacó el dictamen fiscal.

Demolición

Respecto del pedido para que se otorgue el permiso de demolición y la factibilidad de localización solicitadas en el trámite iniciado de conformidad con lo normado en las mencionadas ordenanzas -7084 (régimen de demoliciones) y 8256 (régimen de normas de ocupación de suelo)- y demás disposiciones legales vigentes, el fiscal adjunto opinó que lo requerido excede el ámbito en el que actúa la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta, así como los fines que persigue.

“Ello es así pues esta vía es de corte meramente declarativo, y su objeto, dirigido a ejercer un control de constitucionalidad de forma concentrada (con carácter preventivo y declarativo) por el TSJ en competencia exclusiva y originaria, se agota en la declaración o no de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, despejando la incertidumbre que pudiera recaer respecto de su aplicación”, precisó Bustos Fierro.

Finalmente, en cuanto a las normas contenidas en la Ordenanza N° 13097, el dictamen precisó que su dictado integra “un acto emanado del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo, y ostenta la virtualidad jurídica suficiente como para generar una falta de certeza sobre las consecuencias derivadas de una norma general que concreta el acto susceptible de producir un agravio y daño consiguiente a la esfera de intereses de la accionante”.

Ello así, porque la petición ejercida en la demanda resulta compatible con la finalidad de prevenir un perjuicio de la acción directa de inconstitucionalidad “pues la acción ha sido entablada antes de que las normas atacadas hayan propagado sus efectos sobre la parte reclamante”.

Finalmente, la Fiscalía adjunta recomendó no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, por falta de cumplimiento de los requisitos de procedencia de esa clase de medidas. [/privado]