El juez federal de Estados Unidos Randolph Moss ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde hace un año.
Además, Moss declaró en rebeldía a la Empresa de Transporte Aérocargo del Sur SA (EMTRASUR) y a todas las personas o entidades que “reclamen un interés en la propiedad demandada”.
En octubre de 2022, la Corte de Columbia inició el proceso de decomiso de la aeronave, al entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas.
El exhorto de rigor todavía no llegó al juzgado federal de Lomas de Zamora, cargo de Federico Villena, y sigue en el Ministerio de Justicia.
La causa que se tramita en Estados Unidos está basada, entre otras cosas, en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur, en violación de la ley estadounidense -específicamente la de Reforma del Control de las Exportaciones, de 2018-.
Villena dictó la falta de mérito y autorizó la salida del país de los cinco tripulantes del avión. Los beneficiados fueron el piloto Gholamreza Ghasemi y los involucrados Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta.
Todos siguen imputados por utilizar a la empresa Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas, un delito previsto en el artículo 306 del Código Penal.
La Fiscalía mencionó vuelos de Teherán a Siria a través de la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Esos viajes figuran en el informe que el FBI aportó a la causa.
La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco.
SAS Automotriz responsabilizó a Fracht, una firma de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias personas jurídicas para ocultar a Emtrasur.
El 8 de junio, dos días después de arribar a Buenos Aires, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Desde ese día, el avión está en Ezeiza.